En 2016 hubo 290 femicidios en el país según un informe que dio a conocer La Casa del Encuentro. Según la ONG, unas 102 fueron asesinadas por su esposo, pareja o novio; 10 estaban embarazadas y 31 sufrieron signos de abuso sexual. De los 290 casos, sólo en 28 hubo denuncias previas por violencia de género. ¿Cuál es la realidad en Santa Fe? ¿Cómo se investigan para evitar un desenlace fatal? Desde hace un año funciona en la Regional I la Unidad Fiscal de Violencia contra las Mujeres bajo la dirección de los fiscales Sergio Alvira y Gabriela Arri quienes además persiguen otras investigaciones. Las estadísticas de esta oficina reflejan un mal que parece no tener fin.

En un balance de trabajo, el Dr. Alvira reconoció el incremento en la cantidad de casos que llegan a la unidad especializada. “Es una labor ardua. Aproximadamente entre 15 a 20 causas para investigar suben por día a  esta fiscalía por violencia de género o violencia familiar. Por día se fijan aproximadamente unas 5 audiencias, algunas fallan (otras no) y hay que volver a citarlas. En cada turno de fiscales hay aproximadamente una o dos personas aprehendidas como mínimo por situaciones de violencia”, aseguró el representante del MPA.

“En el caso de Violencia de Genero es más heterogénea la fuente de donde surgen los legajos. Tenemos los Centros Territoriales de denuncias, las Comisarías de la Mujer, las comisarías barriales y mucha gente viene a hacer las denuncias en el Ministerio Público de la Acusación. Hoy por hoy aproximadamente el 50% de las causas que están registradas en la Fiscalía Regional I son de Violencia de Género y Violencia Familiar”, asegura el fiscal Alvira. La cifra es alarmante no sólo por la cantidad de denuncias sino por la escasez de recursos humanos con los que se cuenta.

Claudia Montenegro es directora del departamento de Atención a la Víctima y Testigos. En su área trabaja un equipo interdisciplinario que a diario realiza la contención de cada uno de los casos. “Necesitamos mejorar la situación laboral de quienes forman parte de este equipo. En este momento hay una psicóloga contratada, otra que es practicante y dos pasantes. Además debemos  que empezar a pensar en la posibilidad de tener guardias. A lo mejor no tienen que estar en el MPA sino en dependencias de Seguridad porque las comisarías son lugares más cercanos”, dice.

El acompañamiento que realiza esta dependencia tiene que ver con la información en relación a los derechos de las víctimas y el proceso judicial. “Tenemos una entrevista y realizamos medición de riesgo y un seguimiento de los casos no únicamente con relación a la víctima sino con otras instituciones”, aclara Montenegro. Y complementa: “la dificultad que tiene hoy una mujer es que hay una que hay una sociedad que por un lado le dice que denuncie y por el otro que no va a poder sostenerlo”. Aquí hay que hacer una salvedad que tiene que ver con quiénes denuncian.

“Tal vez tendríamos que hablar de quiénes son las personas aceptan la atención. Generalmente son mujeres jóvenes quienes incluso en las entrevistas que les hacemos nos cuentan muchas veces que de niñas o adolescentes fueron abusadas. Sucede que antes no se denunciaba”, concluye. Según fuentes del caso, la Fiscalía en Violencia contra la Mujer actualmente tramita cerca de 9 mil legajos entre Violencia Doméstica, Violencia Familiar y Violencia de Género. Estos últimos representan la mitad de las investigaciones que llevan adelante los fiscales Alvira y Arri.

Prisiones preventivas

Más allá de que muchas investigaciones continúen su proceso con una persona imputada en estado de libertad, hay casos que requieren una medida cautelar que evite riesgos procesales. Al respecto, el fiscal Alvira aseguró: “en este momento hay aproximadamente 20 personas con prisión preventiva por violencia de género. Para ello, debe haber verosimilitud con lo que se denuncia y un peligro procesal, es decir, que la persona pueda influir sobre la víctima o pueda evadirse y todo eso es analizado al momento que se dicta la aprensión y la posterior detención. Los jueces dictan la prisión preventiva valorando esas situaciones”.

Pero hablar de prisiones preventivas implica también repensar los recursos con los que se cuenta desde la fiscalía para investigar. En ese sentido, Alvira se lamenta al decir que “es materialmente imposible la tramitación de todos esos legajos. Son miles las causas en trámite. Y eso necesita un estudio hasta de clasificación. En cuáles hay evidencias, en cuáles tenemos elementos para seguir adelante. Tenemos que convocar a las víctimas a charlas con ellas y para darles contención con la Oficina de Asistencia a la Víctima. Es un trabajo que se acumula”.

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