Quedó en libertad un hombre acusado de violencia familiar extrema
El imputado había golpeado salvajemente a su mujer y maltrataba a sus seis hijos y una hijastra. Hace dos años había sido linchado en el pueblo. Fiscalía apelará la libertad con alternativas por el peligro en el que se encuentran las víctimas.
“Es un monstruo”, fue la definición que dio uno de los actores judiciales que tomaron el caso por el cual la policía de San Javier había detenido el 10 de mayo pasado a un pescador cuando intentaba fugarse en la terminal de ómnibus de esa localidad del norte santafesino. Se trata de W.G.S. (50) quien había sido acusado de golpear salvajemente con un cable de un cargador de celular a su mujer y madre de sus 7 hijos. Tras la agresión, la víctima fue asistida por los médicos policiales. En una entrevista con psicólogos de la Subsecretaría de la Niñez los pequeños contaron una serie de vejaciones a los que eran sometidos desde hacía años por el individuo.
Todo comenzó cuando el 6 de mayo pasado el padre de familia vendió una de las camas que había recibido de Presidencia de la Nación tras mandarle una carta a Mauricio Macri. Su mujer le reprochó la actitud y fue salvajemente agredida con golpes en la espalda, quemaduras en su pelo con un encendedor y amenazas. En ese estado, la víctima estuvo encerrada dos días hasta que logró pedir auxilio a sus vecinos. Cuando llegó el caso a la Fiscalía de San Javier, la Dra. Rosana Marcolín pidió intervención a Niñez por los hijos de la pareja de entre 5 y 16 años de edad. Es que ellos no solo corroboraron la agresión a ella sino que dijeron que su propio padre los maltrataba.
La policía de San Javier logró la detención del acusado en la terminal del municipio cuando estaba por evadirse. La semana pasada la representante del Ministerio Público de la Acusación le imputó al sujeto los delitos de “amenazas coactivas agravadas, lesiones dolosas leves calificadas por el vínculo, reducción a la servidumbre y abuso sexual con acceso carnal reiterados todos en concurso real y en el marco de violencia familiar y de género” y pidió su prisión preventiva. Pese a la gravedad de los hechos y las pruebas presentadas el juez Héctor Candioti le negó la medida cautelar y dispuso la libertad del acusado bajo una serie de alternativas de prisión como medida de distancia, entre otros. Preocupa ahora la seguridad de la mujer golpeada y sus hijos.
Marcolín había fundamentado su solicitud de mantener al imputado bajo las rejas no sólo por el riesgo de fuga y entorpecimiento probatorio sino sobre todo por la privación ilegítima a libertad agravada por reducir a la víctima a la condición de esclava. Es que surge del propio testimonio de los hijos de ambos que el individuo le tenía prohibido hasta mirar a la gente cuando salían a pescar a la isla, la obligaba a mantener relaciones sexuales sin consentimiento (incluso cuando están los niños pequeños y en cualquier momento del día) y hasta a hacer sus necesidades en una bolsa y balde para que no salga de la casa ni para ir al baño que estaba el patio abierto.
Además, los hijos más pequeños contaron que su padre no los alimentaba bien y que pasaban días sin comer durmiendo en el suelo. La propia víctima había confesado que una de las más pequeña de sus siete hijo tuvo que entregarla a su abuela materna porque el hombre la maltrataba para que coma y castigaba teniéndola atada al pie de una cama sin dejarla movilizarse. Pese a todas estas situaciones denunciadas y constatadas por la fiscal Marcolín, el acusado recuperó su libertad. El juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) Héctor Candioti dictó medidas alternativas de prisión para W.G.S. como la guarda de un familiar con domicilio en Santa Fe, la prohibición de visitar San Javier y tener contacto con su pareja e hijos y presentarse semanalmente en la comisaría más próxima a su nuevo domicilio.
Según pudo averiguar LT10, la víctima ya se constituyó como querellante.
Antecedentes
Cabe destacar que hace dos años el imputado fue linchado por vecinos de Colonia Francesa en lo que ahora termina entendiéndose como un intento de justicia por mano propia ya que por entonces ya los niños vivían encerrados y en medio de un entorno violento. En dicha situación ya hubo una intervención del ministerio de Desarrollo Social aunque los informes realizados luego desconocieron la situación. Ante este nuevo revés de justicia para las víctimas, ahora habrá que esperar que ante la Cámara de Apelaciones se discuta la apelación que la fiscal de San Javier realizará en los próximos días. En el medio, la integridad física y psicológica de esa madre y sus hijos ya está quebrantada puesto que la consigna “Ni una menos” para muchos no existe.