Este martes, se entregará al ministerio de Educación el documento elaborado en el ámbito de la facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL.

La presentación que tendrá lugar a las 17 en el 5º piso de la sede de la cartera educativa, y contará con la participación del decano de la Facultad, Claudio Lizárraga junto con el equipo de trabajo.

El documento elaborado contiene un análisis sobre la normativa vigente, asuntos comunes y tensiones entre los proyectos a nivel legislativo.

Asimismo, contempla puntos de partida y dimensiones a tener en cuenta en la formulación de la futura ley de educación provincial.

Cabe recordar que el equipo de especialistas de la Facultad de Humanidades y Ciencias ya había expuesto los avances en el ámbito del Consejo Superior de la UNL y de la Comisión Bicameral de la Legislatura.

Aportes y propuestas presentadas previamente en el Consejo Superior

Se propone “hacer hincapié en un análisis político de los textos legales, antes que una mirada jurídico-legal, de los cinco proyectos de ley que se han presentado en la Legislatura provincial”.

El equipo de trabajo de la FHUC identificó ejes sobre los cuales se especifican acuerdos y tendencias, tensiones y vacancias u omisiones. Ellos son: objetivos, propósitos y rol del Estado; gobierno y financiamiento de la educación; igualdad y calidad educativa; educación superior y formación docente.

En el documento preliminar se destaca que “los debates y definiciones fundamentales para avanzar en una ley de educación podrían ser pensados desde dos aristas: sobre lo estructural; y sobre el contenido”.

No obstante, se remarca que “es preciso tener presente que no se legisla sobre el vacío. Santa Fe cuenta con un sistema educativo dinámico y completo, se despliega en numerosos establecimientos, miles de agentes, todos los niveles y modalidades. Esas realidades y su trayectoria deben ser respetadas y reconocidas. No es necesario que una ley provincial cree ex nihilo lo que ya existe. En este punto, es conveniente establecer una precisión conceptual: la educación es un sistema y por lo tanto se debe cuidar la relación entre sus partes pero también reconocer que ningún componente es autónomo”.

Además, se sugiere que “la política pública en educación también debe ser periódica. Los cuatro años del mandato de las autoridades políticas podrían ser tomados como referencia. Eso ayudaría al tono republicano de la rendición de cuentas, la competición democrática y la continuidad de las políticas. Un gobernador y su legislatura debieran emplear su primer año de gestión para proponer un plan de desarrollo educacional. Podría dar lugar a una ley periódica o la simple aprobación de un plan con propósitos y metas. La información estadística y de las evaluaciones institucionales de los cuatro años podrían ser insumos para un informe complejo que dé cuenta del grado de cumplimiento de las metas trazadas en aquel plan”.