El candidato a presidente de Udeso, Ricardo Alfonsín, llevó sus quejas contra Cristina de Kirchner por la violación de la veda electoral a la Justicia. A través de dos apoderados de ese sello partidario, el diputado radical solicitó a la Cámara Nacional Electoral que intime a la Presidente "bajo apercibimiento de sanciones" a evitar los anuncios gubernamentales.

La polémica por la violación de la veda se desató esta semana, cuando Cristina anunció en un acto oficial un aumento de las jubilaciones de 16,82%. Sectores de la oposición entendieron que esa medida viola la veda electoral que comenzó a regir desde el sábado pasado, de cara a las elecciones primarias del 14 de este mes, y lo denunciaron públicamente. Ahora, Udeso dio un paso más y llegó hasta los tribunales.

Según la presentación a la que tuvo acceso ámbito.com, los apoderados Juan Pedro Tunessi y Luis Mariano Genovesi interpusieron un recurso judicial para que ordenarle "a la señora presidente de la Nación Argentina y precandidata a ese cargo en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias convocadas para el próximo 14 de agosto por la 'Lista 2 Celeste y Blanca K' de la Alianza Frente para la Victoria, Cristina Fernández de Kirchner, a cesar de inmediato, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones correspondientes, en su conducta violatoria de las disposiciones del Artículo 64 quáter, segundo párrafo del Código Nacional Electoral, y que se abstenga en el futuro a incurrir en nuevas violaciones".

En el texto de la denuncia, dan cuenta del acto donde supuestamente se violó la veda. "En un acto oficial que se llevó a cabo en la Casa de Gobierno el pasado miércoles 3 de agosto, anunció un aumento en el haber de los jubilados, con motivo del acto conmemorativo del 25° aniversario de la fundación del Consejo Interuniversitario Nacional. Se trata de un hecho de público y notorio puesto de resalto por la prensa, tanto escrita como televisiva. Esta conducta de la señora presidenta de la Nación es violatoria del artículo 64 quáter, segundo párrafo, del Código Nacional Electoral, conforme la modificación dispuesta por la ley 26.571", sostuvieron.

El artículo 64 garantiza la "igualdad de los candidatos" al asegurar la "imparcialidad" en la competencia electoral e "impidiendo el uso del poder público a favor o en contra de cualquier partido político o candidato, evitando así que el candidato oficialista pueda aprovechar ilegítimamente la difusión de las acciones de gobierno para inducir el voto a su favor (o a favor de sus partidarios) en el comicio, en detrimento de los restantes contrincantes".

Tunessi y Genovesi argumentaron que con la ley de reforma política el Congreso nacional cedió facultades a la Cámara Nacional Electoral como máxima autoridad del comicio y exigieron a ese tribunal que "garantice la igualdad de todos los precandidatos".