La ONGS Norte Amplio por los Derechos Humanos denunció un nuevo capítulo de la lucha de los habitantes de las zonas de los Bajos Submeridionales por defender sus derechos a seguir viviendo en ese territorio como hace muchos años ante sociedades anónimas que manifiestan "tener la documentación de propiedad de tierras".

Según indica el comunicado "en estos días, la comunicación policial dice que se puso fin a las andanzas de un par de delincuentes que, acompañados por un abogado y a fuerza de armas, desalojaban a los peones y extorsionaban a los dueños de varios campos a la vera de la Ruta 13, en el departamento 9 de Julio”.

"En lo concreto, esto es un nuevo capítulo de la lucha de los habitantes de esas zonas de los Bajos Submeridionales por defender sus derechos a seguir viviendo en ese territorio como hace muchos años, ante sociedades anónimas que manifiestan “tener la documentación” de propiedad; en este caso una Empresa Río Limpio SA, con sede en Tigre, Buenos Aires.

"Una especie de nueva campaña del desierto que desde hace años se viene planteando en el noroeste santafesino y que tanta resistencia y trascendencia ha tenido. El comunicado tiende a abrir el paraguas ante un nuevo hecho de violencia institucional cometida por cuerpos policiales con el aval de la justicia feudal de Tostado", agrega el escrito. 

"Habría que hacer un recuento de la capacidad económica (patrimonio) que poseen el abogado y los desalojados para demostrar claramente que la información de la corporación policial es mentirosa.

"Y lo que no dice dicha manifestación policial es que tres de los detenidos fueron sometidos a torturas (constatadas en el hospital de Rafaela), incluida quemaduras de picana eléctrica en el cuello de uno de ellos, con el cuerpo mojado y "submarino" en un pozo de agua del patio a otro, por parte de la Guardia Rural Los Pumas y policías de 9 de Julio. Hubo patadas en el estómago y en las costillas, en las piernas, rodillazos...", finaliza.