Luego, a las 16:30, en la sede de la gobernación en Rosario, se suscribirá un preconvenio entre el gobierno provincial, representado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Fiscalía de Estado; el gobierno nacional, a través de la Cancillería y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; y quien presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), Rubén Godoy, junto a sus defensores. Esto permitirá, previa homologación de la Cidh, cerrar un caso por el cual la Argentina fue denunciada internacionalmente y evitar así que se apliquen sanciones contra el país.



El nudo del conflicto es que a raíz del anterior Código de Procedimientos Penales se habrían vulnerado derechos de Godoy, imputado en una causa penal. Agotadas las instancias judiciales locales, Godoy recurrió a la Cidh, con sede en Washington, donde su petición fue contemplada ya que el Código anterior violaba tratados internacionales. En el marco de esta denuncia, desde 2008 realizaron una serie de reuniones para alcanzar un acuerdo amistoso, al cual finalmente se arribó y se firmará mañana en Rosario.



El acto tendrá lugar en la sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ubicado en Santa Fe 1950 de la ciudad de Rosario, y contará con la presencia del titular de la cartera, Héctor Superti, y el director de Derechos Humanos (contencioso internacional) del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación, Javier Salgado, entre otros funcionarios.



“Se busca evitar que el caso llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que la Argentina reciba sanciones internacionales, así como reparar los eventuales daños que hubiera sufrido Godoy a raíz de que no se le respetaron sus derechos”, indicaron desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. “Uno de los puntos del acuerdo es la reforma en el sistema de enjuiciamientos penales que está llevando adelante la provincia, ya que una vez plasmada este tipo de casos no volverán a repetirse”, agregaron.



En ese sentido, la nueva justicia penal permite que la provincia se ponga a tono con las exigencias de la Constitución Nacional y los tratados internacionales, “un enunciado que quizás suene abstracto pero que en casos como el que nos ocupa demuestra la importancia institucional de estos cambios, además de la mayor cercanía, agilidad y eficiencia que tiene el sistema acusatorio en relación al inquisitivo”, señalaron desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.



Este nuevo sistema de enjuiciamiento penal se utilizó para defender la posición del Estado argentino, ya que aunque las vulneraciones de derechos se produzcan en las provincias, las sanciones internacionales se aplican a los países.