La procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, declaró hoy por dos horas en los Tribunales ante el juez Julián Ercolini en la causa donde se la investiga por los presuntos delitos de fraude contra la administración pública, abuso de autoridad, coimas, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública por la compra de un edificio en la calle Perón al 600 por más de $ 43 millones, para que funcionen oficinas de su dependencia.

Según diversas fuentes periodísticas, la funcionaria , quién se mostró confiada y tranquila durante su indagatoria, respondió toda clase de preguntas formuladas por el magistrado. 

Presionada por el oficialismo para que se aparte del cargo que ostenta desde la gestión de Cristina Kirchner, la procuradora enfrentó hoy su primera indagatoria en la Justicia. Hasta el momento había declarado como testigo en la causa por la muerte de Alberto Nisman.

El descargo de Gils Carbó apuntó contra el subdirector general Guillermo Alfredo Bellingi, con quien, según el juez, "violando los deberes a su cargo, diagramaron un complejo entramado" para que "en forma directa o a través de intermediarios" se haya adquirido el edificio de la calle Perón 667.

Bellingi era considerado como la "mano derecha" de Gils Carbó en la procuración. Y pese a que fue desplazado del cargo que tenía,luego fue reincorporado en un puesto de nula importancia.

Todo habría sido "bajo la simulación de un acto licitatorio direccionado desde su inicio", resaltó el juez cuando llamó a indagatoria a la procuradora.

Se descuenta que Gils Carbó reiteró ante Ercolini que el vínculo entre Bellingi y Juan Carlos Thil (medio hermano) "era oculto" para ella y "para todos los funcionarios que intervinieron en el procedimientos de la compra del inmueble", indicaron a Clarín desde su defensa.

La maniobra se concretó por $ 43.850.000 lo que permitió, consta en la resolución, que Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios S.A. y Juan Carlos Thill se hicieran de una ganancia extraordinaria.

Frente del sede de la inmobiliaria Jaureguiberry Asesores, que participó de la operación de compra-venta del edificio donde funciona la Procuración General.

Estas personas "interpuestas a fin de llevar a cabo la maniobra", obtuvieron, según sostuvieron Ercolini y el fiscal Taiano, un "lucro indebido bajo el pretexto de supuestas comisiones, representativas de un porcentaje inusual y significativamente superior al utilizado en el mercado inmobiliario".

En el camino de toda la maniobra, se pagó una comisión de 7,7 millones de pesos a Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios, que a su vez pagó otra comisión de 3 millones de pesos por asesoramiento a Juan Carlos Thill, un productor de seguros de La Plata. Pero la investigación reveló que Thill es medio hermano de Bellingi, el "cerebro de toda la operación".

La duda es si esta maniobra era desconocida por Gils Carbó, jefa de la Procuración. Desde su entorno dicen que sí y que ella explicó que la participación de Thill, "que intervino colaborando con una inmobiliaria y que cobró una comisión por una suma millonaria, fueron datos que eran ocultos para todos los funcionarios de la Procuración", buscando deslindarse de cualquier responsabilidad.

Ya pasaron por Comodoro Py estas semanas Bellingi, que se negó a declarar, Jaureguiberry y Thill. Y también los funcionarios de la Procuración Héctor Zurita, Jorge Domanico y Osvaldo Leguizamón. También se llamó a declarar a Ignacio Costa Urquiza, asociado a Jaureguiberry en la inmobiliaria, y para los ejecutivos de Arfinsa Adrián González Fischer, Pedro Viceconte y Roberto Martino.