El jefe de la División Asuntos Internos de la policía de la provincia de Santa Fe, Aníbal Candia, declaró este lunes ante el juez rosarino Carlos Vera Barros, en el marco de la causa por la cual se investiga la muerte de Franco Casco, cuyo cuerpo apareció flotando en el río en 2014.

Luego de los allanamientos de Gendarmería iniciados este lunes a la madrugada, 29 personas quedaron detenidas en el marco de la causa que se sustancia en la justicia federal de Rosario.

Franco Casco era un joven de Florencio Varela que fue detenido en 2014 en la comisaría 7ª de Rosario y luego fue hallado muerto en el río Paraná.

Dos de las personas arrestadas declararon por la tarde ante el juez Vera Barros, quien ordenó los procedimientos.

Se espera que este martes a la mañana continúe la ronda de indagatorias y no se descarta que se presenten otros acusados en sede judicial.

El juzgado emitió 31 órdenes de captura. De ese total, 18 hombres y 11 mujeres fueron detenidos durante los operativos de este lunes y se estima que el resto se presentaría en las próximas horas.

Asuntos Internos

Entre las personas que fueron arrestadas y ya prestaron declaración figura el director de Asuntos Internos de la provincia, Aníbal Candia. El funcionario estuvo unas dos horas declarando ante el juez y luego continuó alojado en dependencias de la fuerza federal.

Este martes Vera Barros tomará declaración a otros detenidos y, según explicaron los abogados de la querella, el magistrado tendrá diez días para definir la situación judicial de los implicados.

También Vera Barros deberá decidir sobre los pedidos de libertad ya presentados por los abogados patrocinantes de los acusados.

El padre de Franco Casco dijo frente a los Tribunales Federales que está muy conforme con el trabajo realizado por la Justicia Federal y añadió: “Ahora tenemos que esperar y ver cuántos van a ser procesados”.

Se presume que Franco Casco, que había llegado a visitar un familiar, fue asesinado en la comisaría 7ª, donde estuvo demorado, y luego arrojado al río Paraná en octubre de 2014. Desde la querella señalaron que en el Instituto Médico Legal (IML) no hicieron la autopsia como corresponde y que encubrieron el caso. Además, apuntaron contra la intervención de la policía de esa seccional de barrio Luis Agote y a la investigación que realizó Asuntos Internos.

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