Las últimas elecciones generales en la provincia de Santa Fe han desatado un debate que pone en evidencia la necesidad y urgencia de la reformar de la Constitución Provincial del año 1962, para adecuarla a la Reforma Constitucional de 1994, asegurar los derechos de nueva generación, y hacerla mas republicana y democrática en cuanto a la representación ciudadana.



En Santa Fe por imperio de la actual Constitución se consagra la mayoría automática en Diputados, concediendo 28 de las 50 bancas al partido que gana, aunque sea por un solo voto. Es evidente que este sistema artificial de construcción de mayorías no respeta la proporcionalidad y burla el criterio republicano. Se pretendió en su momento atar el Poder Legislativo al Ejecutivo para asegurar gobernabilidad, pero vemos que se logra todo lo contrario. Pero lo más grave es que este criterio está a contramano de la voluntad popular expresada mediante el voto.



Por esto creemos que es absolutamente injusto que quien obtuvo 60.000 votos no tenga representación en la Cámara de Diputados. Los Diputados que ingresaron recientemente por el justicialismo acreditan menos de 21.000 votos cada uno (Maria Eugenia Bielsa obtuvo 580.000 votos y el sistema le adjudicó 28 bancas) mientras que para acceder a cada una de las 22 bancas restantes se aplica el sistema D’Hont y para ocuparlas en este caso fue necesario acreditar más de 35.000 votos. A esta disparatada desigualdad de condiciones se le agrega que los partidos tienen que superar la barrera del 3% del padrón para acceder a ese sistema de reparto.



Esta Constitución de 1962 también expulsa a las minorías del Senado Provincial, ya que sólo ingresa un representante por departamento. Y esto está agravado por la inmensa disparidad en la distribución de electores del territorio provincial. Los senadores por el Frente Progresista suman 640.500, el 75% de los votos emitidos en la categoría y se les asignan 8 bancas; mientras que los electos del Justicialismo con sólo 217.000 votos, el 25% del total, obtienen 11 representaciones. Otro dislate: el 75% de los votantes se transforma en minoría y el 25% en mayoría. Aún considerando algún criterio de representación territorial, esta desproporcionada distorsión de la representación popular es absolutamente reprobable.



A esto tenemos que agregar, que cuando se apela a la barrera del 3% del padrón para obtener derechos de representación resulta una forma coyunturalmente legal (Artículo 5º de la Ley 9280) pero profundamente ilegitima que desalienta la participación de los ciudadanos y tergiversa los efectos de su voto.



La última reforma del Código Electoral Nacional y de la Ley Orgánica de Partidos Políticos impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional y votada en el Congreso tuvo por objetivo reforzar el bipartidismo y perjudicar a las fuerzas políticas emergentes, obstaculizando la representación de las minorías políticas. Con la imposición de múltiples requisitos se ponen vallas que son muy difíciles de superar para numerosas organizaciones y con la excusa de “modernizar” el sistema se niega el reconocimiento a los partidos políticos que no cuentan con el favor de los factores de poder real.



Nuestro partido PARES denuncia el fuerte contenido corporativo y antidemocrático de estas exigencias y repudia la proscripción política que se pretende esconder en la presente legislación que deberá ser modificada cuando fuerzas comprometidas con la democracia participativa y la transparencia alcancen relevancia en el Congreso Nacional y en las cámaras legislativas de nuestra provincia. Para ello será necesario impulsar las reformas político-electorales y las reformas constitucionales que garanticen el respeto a la pluralidad y la proporcionalidad de representación teniendo como primer criterio la voluntad popular expresada por el voto soberano de los ciudadanos.



Esta posición lo sostenemos hace mucho tiempo y es una deuda que debemos saldar lo más pronto posible para elevar la calidad republicana y democrática de nuestra sociedad.