La Cámara de Diputados se apresta a convertir en ley en una sesión especial, el proyecto que penaliza la corrupción empresaria, con los cambios incorporados por el Senado. La situación se da luego de que el oficialismo consiguiera, con el justicialismo y el massismo, firmar el dictamen respectivo en un plenario de comisiones del cuerpo.

En diálogo con LT10 Ana Copes, diputada nacional por el Partido Demócrata Progresista sostuvo que "entendemos que hoy existen los numeros" para que se apreube luego de que fuera "muy trabajado". 

Entre las modificaciones, la legisladora destacó que "cambió el objeto de la ley que entendía no sólo a los delitos de corrupción sino a todos los delitos que tienen que ver con el código penal"

Por otra parte, explicó que "le habían agregado clausulas de imprescriptibilidad que no resultaban coherentes". 

De esta manera, Argentina cumplirá con el requisito de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que pidió la sanción de una norma que apunte a la arista empresaria de la corrupción.

Actualmente, el Código Penal contempla penas para personas físicas, pero no para personas jurídicas, con lo cual una empresa involucrada en un hecho de corrupción puede seguir operando sin consecuencia alguna.

La decisión de avalar el proyecto aprobado por el Senado fue adoptada en una reunión de las comisiones de Legislación Penal y de Legislación General, que se realizó ayer en el edificio Anexo C de la Cámara baja, y fue conducida por la radical Gabriela Burgos y el macrista Daniel Lipovetzky.

Ahora, los diputados deberán votar con mayoría simple si respaldan el texto sancionado por el Senado.

El proyecto que busca el oficialismo transformar en ley establece penas que van desde multas hasta la quita de la actividad por un plazo máximo de diez años y la suspensión de participar en las licitaciones convocadas con el Estado Nacional, a aquellas empresas involucradas en delitos contra la administración pública.

Audio: Ana Copes, diputada nacional