Desde hace tiempo Islandia es considerado el país que está a la cabeza de la igualdad entre hombres y mujeres. Por la protección efectiva de los derechos de la mujer y por la lucha contra toda discriminación hacia ellas. Pero desde hoy la igualdad es aún mayor. Entró en vigor una ley aprobada en marzo del 2017 con el consenso entre la centroderecha que en ese momento estaba al poder y la oposición.

Una ley que impone la paridad absoluta en cuanto a sueldos: deben ser iguales para hombres y mujeres que cumplan la misma tarea. Eso se respetará en cada empresa que tenga un mínimo de 25 empleados para arriba, en cada ministerio, o en cada institución pública.

El nuevo gobierno, una coalición que guía al país desde noviembre pasado, es un conglomerado de muchas fuerzas, entre los Verdes de izquierda, los independientes y los progresistas de centroderecha. Todos dirigidos por la joven, brillante y súper popular líder de los Verdes, Katrin Jakobsdóttir.

La ley que entró en vigor es la primera en el mundo que establece la paridad de género a nivel contributivo y constituye un paso adelante de extrema importancia en la pequeña y vital democracia del ya considerado el país más feminista del planeta.

Un punto débil, denunciado por la actual primera ministra y por muchos intelectuales de relevancia en el país era la disparidad retributiva en perjuicio de las mujeres a paridad de tareas.

Ahora, con la entrada en vigor de la ley aprobada en marzo del 2017 por el Althingi (Parlamento), en el cual casi el 50% de los legisladores son mujeres, las autoridades efectuaran controles sistemáticos en cada empresa e institución. Y si cualquier empleador no respetase la ley, será castigado con durísimas multas. Y el control estará en manos especiales: la Lögreglan á Íslandi (policía integrada en su mayoría por mujeres) y las autoridades tributarias.

Ejemplo
Islandia, un país en fuerte crecimiento económico y casi sin desocupación, tiene otras leyes en favor de la igualdad, que son consideradas ejemplares por las Naciones Unidas, muchas ONG y variadas autoridades nacionales.

La primera de ellas, aprobada en el 2000 y mejorada en el 2008, es la llamada "act on equality and equal rights". La segunda es una ley que impone a las empresas tener por lo menos un 40% de mujeres en los órganos directivos de cada una de ellas. La tercera, que se remonta al 2006, es el pago de vacaciones durante nueve meses para las embarazadas.

Pero hay otras leyes. Existe una prohibición de la prostitución y de espectáculos degradantes para la mujer como el strip tease. En caso de violación de esta ley, no es la prostituta o la desnudista, sino sus clientes, o sus empleadores, los que terminan castigados con pesadas multas e incluso la cárcel.

Por último, en el gobierno de la pequeña y hermosa capital, Reykjavík, el Ministerio de Trabajo es competente para la vigilancia, imposición y defensa de la igualdad de posibilidades entre sexos.