El Código Penal contemplaría un endurecimiento de las penas de homicidio según el rol social de la profesión de la víctima, de acuerdo a una iniciativa que está en análisis por parte de la comisión de especialistas que debe presentar un proyecto de reforma legislativa.

En caso de prosperar esta idea planteada en el debate por los especialistas, matar a un docente o a un médico será considerado un agravante con una condena de prisión perpetua: lo mismo sucedería si las víctimas fuesen jueces o fiscales, según informaron fuentes oficiales al diario La Nación.

"Lo que se resguarda es la investidura, ya sea juez, fiscal, médico o maestro por el rol trascendente que desempeñan en la sociedad. Es un tema que estamos estudiando con prudencia porque alguien puede decir que un bombero o una persona con otra profesión también son trascendentales para la comunidad", explicó el presidente de esa comisión de especialistas creada por un decreto presidencial, el juez de la Cámara Nacional de Casación Penal, Mariano Borinsky.

Al cumplirse el 18 de enero tres años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, su ex esposa y jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, se refirió al tema en una entrevista con radio Mitre.

"El Código Penal no contempla como agravante de homicidio en el caso de que la víctima sea un juez o fiscal con motivo de su cargo o condición. Si algún legislador está escuchando sería muy importante [incorporar esta figura] porque, con el magnicidio de Nisman, se trazó una raya", sostuvo.

Esta modificación ya comenzó a debatirse entre los integrantes de la comisión de expertos, que continúa trabajando durante la feria judicial. Se estima que la presentación del proyecto del nuevo Código Penal será en marzo próximo.

La comisión de especialistas fue creada por un decreto del presidente Mauricio Macri en febrero del año pasado.

Además de Borinsky, está integrada por Carlos Mahiques, juez de la Cámara Nacional de Casación Penal; Patricia Llerena, integrante de un tribunal oral en lo criminal (TOC) porteño; Víctor María Vélez, de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial; Pablo López Viñals, procurador general de Salta; Guillermo Yacobucci, integrante de un TOC porteño y profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Austral; Fernando Córdoba, docente de la UBA; Patricia Ziffer, secretaria letrada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; el fiscal Pablo Turano, y Carlos González Guerra, actual director nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal.

"Al día de la fecha, subsiste la necesidad de lograr una adecuada sistematización y ordenamiento de toda la normativa penal, abordando las modificaciones necesarias enunciadas, con el fin último de consolidar la institucionalización, la seguridad jurídica y la plena vigencia de los derechos y las garantías individuales", se sostuvo en uno de los considerandos del decreto de la creación de la comisión, que fue armada por el presidente Macri con el consejo del ministro de Justicia, Germán Garavano.

"Hay capítulos que son la columna vertebral del nuevo Código Penal que estamos trabajando y que es lo que hay que mejorar: corrupción de funcionarios públicos y corrupción transnacional; subir las penas de delitos de narcotráfico y sancionar con prisión perpetua a las organizaciones internacionales; que el dinero mal habido vuelva al Estado.

En cuanto a la seguridad ciudadana pretendemos que la víctima de los delitos tenga un rol más activo, seguimiento sociojudicial de agresores sexuales", sostuvo Borinsky.

También, según agregaron las fuentes consultadas, los especialistas aconsejarán agregar como agravante en el homicidio que el autor del hecho haya sido conviviente de la víctima.
Hasta ahora el agravante es para el cónyugue.

Además, los especialistas que debaten el nuevo Código Penal tienen previsto redactar reglas específicas y evitar así la discrecionalidad de los jueces a la hora de revisar los pedidos de excarcelaciones.

"La comisión de reforma del Código Penal tiene por objetivo lograr una aplicación efectiva de la ley penal a través de la fijación de pautas claras [libertad condicional, determinación de la pena, reincidencia] y de esta forma reducir los márgenes de discrecionalidad judicial", explicaron fuentes judiciales.