El Ministerio de Salud de la Nación suspendió por el momento la entrega de antivirales en todos los hospitales públicos del país. En Argentina se estima que hay 120.000 personas viviendo con VIH, y 70.000 no tienen cobertura privada de salud, sino que dependen directamente del Estado.

El Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH está formado por más de 60 organizaciones. Se formó a fines de 2016, cuando también hubo faltantes en los medicamentos. Ahora volvieron a dar la voz de alerta ante un comunicado de la Dirección Nacional de Sida que llegó a las provincias explicando la situación.

“El comunicado decía que había habido una falla administrativa y que por eso iba a haber una demora en la entrega de medicamentos. También le decía a cada provincia que si podía se hiciera cargo de comprar sus propias partidas. Santa Fe y San Luis van a hacerlo, pero las provincias que no tienen presupuesto no lo harán”, explica a Clarín Sergio Gonzalo Ramirez, de la Coordinación Nacional de RAJAP (Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos). La Red está formada por 900 jóvenes de todo el país, el 75% depende del sistema de salud público. Estos tratamientos pueden costar entre 5.000 y 20.000 pesos al mes.

“Ya le hicimos un pedido de informes y solicitamos una reunión al Ministerio porque necesitamos respuestas. La explicación de que se trata de una falla administrativa no es suficiente. Por acción o por omisión se trata de una decisión política”, asegura a Clarín Matías Muñoz, del Frente Nacional.

“Es muy grave, uno de los medicamentos es el jarabe que toman los bebés recién nacidos de madres portadoras. El 5,1 por ciento de los bebés nacen con VIH. Este jarabe es un tratamiento que hacen los bebés, no puede faltar”, agrega Muñoz.

Los cinco fármacos retrovirales que van a demorarse en llegar son: Dolutegravir, Darunavir, Zidovudina jarabe, Efavirenz y Abacavir/Lamivudina.

El Ministerio de Salud explicó la situación por Twitter: 

ACLARACIÓN: Los demoras en la entrega de medicamentos para el tratamiento VIH obedecen a los tiempos habituales de habilitación presupuestaria.

— Ministerio de Salud (@msalnacion) 20 de enero de 2018

“Nosotros damos las especificaciones técnicas y el listado de lo que hay que comprar -explica a Clarín Sergio Maulén, director de Sida y ETS del Ministerio-. Estos pedidos normalmente se hacen con anticipación, estas órdenes de compra se tendrían que haber emitido en diciembre”.

El área encargada de emitir estas órdenes depende de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa, a cargo de María Cecilia Loccisano desde fines de 2016. Loccisano es abogada y esposa del ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Clarín intentó comunicarse con ella pero desde prensa explicaron que no pudieron ubicarla.

“Cuando nos dimos cuenta que podía haber faltantes nos comunicamos con todas las provincias para ver si tenían stock o necesitaban órdenes de compra urgentes”, continúa Maulén. “Las ódenes finalmente saldrán en los próximos días. Recomendamos también otros tratamientos, que se toman de manera diferente pero son las mismas drogas. Claro que lo mejor hubiese sido que tuviéramos las drogas a tiempo para no tener que hacer todo esto”.

“Nunca es ideal un cambio de tratamiento y menos por fallas burocráticas. Y no es lo ideal porque no es en el marco de una decisión médica sino de un error administrativo -dice a Clarín Leandro Cahn, director ejecutivo de la Fundación Huésped-. Tampoco corresponde que las provincias salgan a comprar cada una sus medicamentos porque el garante de la salud es el Estado Nacional. Esta falla administrativa debe ser una luz de alerta importante para que esto no vuelva a ocurrir”.