La Justicia brasileña abrió una investigación sobre las coimas que pagó el gigante Odebrecht para obtener el financiamiento en Brasil que le permitiera soterrar en la Argentina el tren Sarmiento.

La pesquisa buscará determinar la responsabilidad del ex ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior y actual gobernador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, y otros cinco acusados de corrupción por 5 millones de dólares y de lavado de activos, como así también altos ejecutivos de Odebrecht, que cosecharon "ventajas indebidas" gracias a esas coimas, Entre ellos, Marcelo Odebrecht, publicó el diario La Nación.

La investigación brasileña no abarca por ahora a ningún funcionario, empresario o intermediario argentino. Pero el desarrollo de la pesquisa podría sacar a la luz más evidencias y testimonios sobre cómo Odebrecht y sus socios Iecsa -por entonces en manos de Angelo Calcaterra, primo del actual presidente Mauricio Macri -, Ghella y Comsa se beneficiaron por esas coimas de 2011 y 2012 en la obra del tren Sarmiento.

La decisión que adoptó el Superior Tribunal implica la segunda ocasión en menos de un mes en que otro país avanza sobre la corrupción vinculada a la Argentina antes que la Justicia local.

El 22 de diciembre pasado, trascendió que la Corte federal de Nueva York juzgará a un ex ejecutivo alemán de Siemens por sobornar a funcionarios argentinos por el Proyecto DNI mientras que, transcurridos 20 años desde la denuncia, la investigación en la Argentina por ese negociado sigue sin registrar condenas.

La investigación contra Pimentel y otros brasileños, en tanto, también podría revelar datos sobre cómo se abonaron coimas por el proyecto para el soterramiento del tren Sarmiento.

En particular, cuando varios ex ejecutivos de Odebrecht y documentos obtenidos por los investigadores brasileños expusieron que se pagaron sobornos al entorno directo del entonces ministro de Planificación Federal, Julio de Vido -coimas que podrían trepar a los US$ 20 millones-, y el rol que habría asumido el lobbista Jorge "Corcho" Rodríguez.

Tanto Calcaterra como el ejecutivo de IECSA Javier Sánchez Caballero, al igual que el "Corcho" Rodríguez y los ex secretarios de Transporte y de Obras Públicas, Ricardo Jaime y José López, integran la lista de acusados sobre los que el fiscal federal Franco Picardi solicitó trabar embargos millonarios el 27 de noviembre pasado.