En diálogo con LT10, Jorge Álvarez, diputado nacional de la UCR e integrante de la comisión de Viviendas de la Cámara de Diputados de la Nación, expresó que “es inentendible que a una ONGS se le haya dado fondos tan altos. Se le dieron casi los mismos fondos que maneja el Pan Fonavi Nacional. El otro día en la reunión que tuvimos en Chaco con el gobernador Capitanich su ministro de Obras Públicas decía que hoy la fundación no está en condiciones de seguir operando. Los trabajadores nos pedían a los legisladores que no paremos las obras pero no es la Comisión de Viviendas la que está parando la obras sino el propio sistema del gobierno nacional”.

Además, Jorge Álvarez precisó que “el presupuesto del plan Fonavi nacional, en el 2010, fue de 1000 millones de pesos y la Fundación Madres de Plaza de Mayo contrató obras por más de 1000 millones de pesos, según el subsecretario de Obras Públicas de la Nación. El Estado no puede contratar con una sola entidad. No es casual que todos los gobiernos provinciales y municipales que recibieron este tipo de viviendas desde el gobierno nacional contrataron a Madres de Plaza de Mayo para hacer estas obras. Indudablemente esto fue dirigido por el gobierno nacional”.

Consultado sobre quién tenía la obligación de controlar las obras que hacía la Fundación Madres de Plaza de Mayo y que se la pagara a los empleados, diputado nacional de la UCR señaló que “hay distintos niveles de responsabilidades. El principal responsable es el gobierno nacional porque son fondos de origen nacional. Se debería haber cumplido con la ley de obras públicas y el llamado a licitación. Los contratos que nosotros vimos en el Chaco se hicieron entre la Fundación y el gobierno provincial del Chaco. El gobierno nacional debería haber exigido el cumplimiento de los contratos según la ley de obras públicas”.

Finalmente, Jorge Álvarez remarcó que “la viviendas que hizo la Fundación Madres de Plaza de Mayo en Chaco se pagaron al mismo precio que las viviendas tradicionales. Hasta ahora en todo Chaco se hicieron 350 viviendas de las 1200 que estaban proyectadas. Si el Estado nacional hubiera llamado a licitación se hubieran realizado más viviendas y de mejor calidad. Aquí, más que sueños compartidos hubo recursos compartidos”.