Penas de hasta 41 años pidieron los fiscales del juicio a la banda rosarina Los Monos, en el marco del juicio por asociación ilícita que comenzó en noviembre pasado y que culminará en las próximas semanas con la sentencia. Ayer se llevaron a cabo los alegatos de clausura a cargo del fiscal Gonzalo Fernández Bussy. Según publica el diario La Capital, el funcionario judicial hilvanó las pruebas que se expusieron a lo largo del debate para probar la existencia de una asociación ilícita dedicada a cometer distintos ilícitos y detalló el rol que cada uno de los acusados cumplía dentro de la misma. También atacó las estrategias de las defensas, que a entender del fiscal apuntaron todo el tiempo a desprestigiar al juez de Instrucción que llevó adelante la investigación y las escuchas telefónicas en las que se basa gran parte de la acusación.

De hecho, uno de los momentos más tensos de la mañana se generó cuando Fernández Bussy reprodujo una de esas escuchas. Las defensas objetaron pese a un acuerdo previo de no interrumpir la exposición del fiscal y el juez Ismael Manfrín convocó a los más de 20 abogados presentes para exigirles orden.

En la sala estuvieron todos los imputados, a excepción de Máximo Ariel Cantero (padre), sindicado como uno de los líderes de la banda, quien se excusó con un certificado médico para no presenciar la audiencia. Al concluir la jornada para los principales miembros de la familia Cantero los pedidos de pena, unificados en algunos casos con condenas anteriores, quedaron así: Ramón Machuca, alias Monchi Cantero, 41 años. Ariel Máximo "Guille" Cantero: 26 años. Máximo Ariel Cantero (padre): 10 años. Lorena Verdún: 7 años y un mes.

Otras demandas de condena fueron de 14 años para Leandro Vilches, de 13 para Emanuel Chamorro. En los casos de los policías los más severos apuntaron al ex policía de Drogas Peligrosas Juan Delmastro, con 13 años unificados, y para el ex suboficial de la Zona 3 de Rosario Juan José Raffo, con 9 años y seis meses.

La acusación

Fernández Bussy consideró que de las 25 personas que están en el banquillo de los acusados, 22 conformaban una asociación ilícita. No habló de 23, como lo había hecho en los alegatos de apertura ya que, tras el debate, entendió que no había evidencia suficiente para probar que el ex jefe de Inteligencia de ña ex Drogas Peligrosas de Rosario, Cristian Floiger (para quien habían solicitado seis años de prisión) hubiera sido uno de sus miembros. El fiscal solicitó su absolución.

"La asociación ilícita está conformada por 22 de los imputados que están en juicio más los que ya se encuentran condenados (en juicios abreviados)", expuso Fernández Bussy, y ahondó: "Se sienten parte de esta asociación. Colaboran de una forma u otra para que los objetivos de esta organización criminal se cumplan. Esos objetivos eran usufructuar un territorio liberado mediante la imposición del miedo y con una organización sistemática de la violencia, controlando distintas zonas geográficas de Rosario, cobrando a otras personas para brindarles protección. Es decir, manejar lo que se conoce como negocio de la violencia, uno de los aspectos fundacionales, prioritarios y aglutinantes de la banda".

En base a las escuchas la fiscalía le atribuyó roles dentro de la organización criminal a cada uno de los acusados de conformar la asociación ilícita. Entre ellos distinguió a quienes conformaban las líneas de mando y las subalternas.

Respecto de Máximo Ariel Cantero (padre); de su hijo biológico, Máximo Ariel Cantero —alias Guille—; y de su hijo de crianza, Ramón Machuca —conocido como Monchi Cantero—, el fiscal entendió que eran los cabecillas de la banda. A Ariel padre lo ubicó en el lugar del jefe fundador, quien estaba al tanto de todas las acciones que la banda realizaba.

A Monchi le atribuyó haber orquestado "los planes criminales que la banda llevaba a cabo", lo mismo que a Guille, a quien en las escuchas se lo ubica dando órdenes respecto de las armas y del manejo del dinero.

En el grupo de "esbirros, ejecutores o violentos" Bussy ubicó a Emanuel Chamorro y a Leandro Vilches, a quienes definió como "el brazo armado que respondía a las órdenes de Guille".

Dentro de la teoría del fiscal, el grupo de los testaferros estaba integrado por Silvana Gorosito —la esposa de Monchi—, Lorena Verdun —ex mujer del asesinado Claudio "Pájaro" Cantero—, Mariano "Gordo" Salomón, Agustín Ruiz y Francisco Lapiana. "Todos ellos se vieron favorecidos y beneficiados dentro de la asociación ilícita al prestar sus nombres para adquirir propiedades y para invertir con el objetivo de ganar más dinero para la banda", sostuvo.

El último grupo que mencionó Bussy fue el de los "proveedores oficiales de impunidad", integrados por policías vinculados a la organización criminal que —por acción u omisión y a cambio de beneficios— trabajaban para Los Monos. En este grupo ubicó a Walter Jure, Angel Avaca, Waldemar Gómez, Sergio Blanche, Eduardo Enriquez, Juan "Tiburón" Delmastro, Gustavo "Gula" Pereyra, Diego Cárdenas, Juan José Raffo, Roberto Otaduy y Omar Lescano.

Según el fiscal, el objetivo de los defensores fue desacreditar al juez instructor Juan Carlos Vienna en dos frentes: al denunciar su parcialidad e intentar vincularlo con el padre de Martín "Fantasma" Paz —cuyo homicidio dio inicio a la investigación contra Los Monos—; e instalar que hubo auna decisión política de ir contra el clan de barrio Las Flores.

"Sobre la intencionalidad política no han traído a un solo testigo para demostrarla", remarcó Bussy.