El juicio que el próximo miércoles podría llevar a prisión al exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva extremó la polarización del gigante sudamericano y condujo a la presidenta de la corte suprema, Cármen Lúcia, a un inusual pedido por la paz social.

El Supremo Tribunal Federal (STF) dirá el miércoles si acepta un recurso (habeas corpus) presentado por la defensa de Lula (2003-2010) para evitar que empiece a purgar una condena de 12 años y un mes por corrupción pasiva y lavado de dinero hasta que no haya agotado todas las instancias judiciales.

Si deniega el recurso, nada se interpondrá en principio a un arresto de Lula, de 72 años. De lo contrario, el camino de los tribunales podría extenderse y dejarlo libre durante la campaña para las elecciones de octubre, que se anuncian como las más inciertas desde el retorno de la democracia en 1985.

"Vivimos tiempos de intolerancia y de intransigencia contra personas e instituciones. Por eso, este es un tiempo en el que hay que pedir serenidad. Serenidad para que las diferencias ideológicas no sean fuente de desorden social", escribió la jueza Cármen Lúcia en un texto divulgado por su asesoría.

"Los problemas se resuelven garantizando el cumplimiento de la Constitución, papel fundamental conferido al Poder Judicial, que lo viene cumpliendo con rigor", agregó la magistrada, que apoya públicamente la jurisprudencia vigente que permite encarcelar a condenados en segunda instancia, como Lula.

El caso enfrenta a jueces "garantistas" y a defensores de la Operación Lava Jato, vistos como más severos, y partidarios del uso de la prisión preventiva, las delaciones premiadas y el cumplimiento de penas después de una condena en segunda instancia para desvendar una multimillonaria red de sobornos entre empresarios y políticos.

Y alimenta las divergencias políticas. La semana pasada, la polarización derivó en violencia cuando dos ómnibus de una comitiva proselitista de Lula, de 72 años, fueron alcanzados por tres disparos en el sur del país, sin provocar heridos.