Quince años, 5.475 días, 43 barrios arrasados, 1.246 manzanas anegadas, más de 120.000 evacuados o autoevacuados, 23 muertos y una ciudad sumida en la oscuridad del agua que arrasó con vidas, borró historias y truncó demasiados sueños.

Para algunos fue ayer. Para otros, en cambio, apenas forma parte de un pasado casi remoto.

El 29 de abril de 2003, las aguas del Salado arremetieron con todo a su paso y cubrieron un tercio de la ciudad de Santa Fe. Las lluvias fueron extraordinarias, es cierto. Pero también es verdad que la irresponsabilidad y la impericia humanas convirtieron todo aquello en una verdadera tormenta perfecta.

Las defensas que debían defender a Santa Fe, se transformaron en una trampa mortal. No estaban concluidas. Y por aquella maldita abertura ingresó un río que simplemente no encontró salida alguna. Sólo creció, ante la desesperación de quienes corrían por sus vidas, la agonía de los que no lograron sobrevivir y la impunidad de quienes debieron proteger a la gente, pero sólo buscaron protegerse a sí mismos.

El agua sólo comenzó a bajar cuando el mismo Gobierno de la Provincia que no había advertido lo que sucedería, ni había ordenado –o sugerido- evacuar la zona oeste a tiempo, tomó la decisión de dinamitar la Av. Mar Argentino.

Pero esta medida también llegó demasiado tarde. El entonces gobernador Carlos Reutemann dijo que alguien lo había amenazado desde la oscuridad para que no dinamitara la circunvalación.

Cuando se le preguntó de dónde había provenido tal amenaza, el gobernador respondió a los periodistas: ``Eso no lo voy a decir nunca. Es un problema mío. Es de un cara a cara''.

Sin embargo, al tiempo declaró por escrito ante un juez que aquella noche estaba demasiado oscura como para identificar al autor de las supuestas intimidaciones.

Quince años después, la “Causa Inundación” sigue siendo motivo de vergüenza: la Justicia de Santa Fe aún no fue capaz de decir si hubo o no responsabilidad penal en algún funcionario de entonces por lo sucedido en aquellos momentos trágicos.

Por los motivos más diversos, expedientes vinculados directa o indirectamente con este caso pasaron por demasiadas manos: el fiscal Ricardo Favaretto, el juez Diego de la Torre, el juez Jorge Patrizi, el fiscal Norberto Nisnevich, el juez Orlando Pascua, los fiscales Mariela Jiménez y Jorge Andrés, el juez Gustavo Urdiales, el juez Cristian Fiz, los camaristas Roberto Prieu Mántaras, Jaquelina Balangione y Roberto Reyes, la jueza María Amalia Mascheroni, los jueces Juan Oliva, Hugo Degiovanni y Mario Balestieri, el juez Octavio Silva y, por supuesto, los ministros de la Corte Suprema de Justicia, quienes debieron resolver en distintos planteos presentados por los abogados defensores.

Es probable que en esta lista falten nombres. Seguramente algunos pusieron todo de su parte para que se hiciera Justicia. Pero de manera irremediable existen elementos suficientes como para sospechar que no todos estuvieron a la altura de las circunstancias.

Sería de necios o de cínicos negar que en gran parte de la sociedad impera la sensación de que el poder y los intereses que desde un principio estuvieron en juego, fueron demasiada carga para algunos.

Hasta el pasado 9 de abril, esta causa tenía a tres procesados: el exintendente, Marcelo Alvarez; el exministro de Obras Públicas, Edgardo Berli; y el exdirector de Hidráulica, Ricardo Fratti.

Hoy, los procesados son sólo dos. La muerte alcanzó a Marcelo Alvarez antes de que la Justicia tomara una decisión definitiva sobre esta causa.

Durante los últimos años, el exintendente repitió entre personas de confianza que hablaría una vez que la causa concluyera. Que contaría su verdad. Pero no llegó a hacerlo. Si realmente tenía algo importante para contar, se equivocó al haber callado.

Siempre quedó la sensación de que la Justicia evitó avanzar sobre los máximos responsables de no haber hecho lo suficiente para prevenir o mitigar las consecuencias de aquella tragedia. De que hubo protegidos y, tal vez, chivos expiatorios.

Esta semana el ministro de la Corte, Daniel Erbetta, dijo en LT10: "Resulta muy difícil explicarle a la gente que un pleito pueda durar 15 años. En particular un pleito con estas connotaciones por el impacto y las consecuencias de los hechos... Es una causa que ha tenido una demora que considero injusticada... Más allá de que han habido muchísimas articulaciones de las partes, se han tolerado estas articulaciones"

"La impunidad -insistió- no es sólo no castigar a un culpable, sino también se da cuando el Estado no brinda una respuesta institucional a un conflicto de magnitud. Los jueces tienen que asumir su responsabilidad, porque son directores del debate y deben poner límites frente a ciertos planteos". 

Las palabras de Erbetta suenan a sentido común. En agosto de 2017, el máximo Tribunal pidió que se dictara sentencia. Sin embargo, todavía impera la incertidumbre. No hay culpables, ni inocentes. Sólo una sospecha generalizada y lacerante.

Quince años después, la “Causa Inundación” sigue siendo motivo de vergüenza.

La Justicia que no llega a tiempo, no es Justicia.