El gobierno de Salta aprobó finalmente la interrupción del embarazo de 19 semanas de una niña de 10 años que había sido abusada sexualmente por su padrastro y cuya gestación había sido producto de una sesión de torturas. Lo hizo a través del Decreto 584/18.

El propio gobernador Juan Manuel Urtubey anunció en las redes sociales la decisión de adherirse al Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, elaborado conforme a un fallo de la Corte Suprema de la Nación.

"En la decisión se establece la conveniencia de evitar cualquier contradicción de normas o reglamentos que impidan que la toma de decisión de las víctimas pueda ser tomada sin plena libertad", escribió Urtubey en una de sus cuentas en las redes.

En 2012, la Provincia elaboró un protocolo como consecuencia del fallo (FAL) de la Corte Suprema de la Nación en virtud de la inexistencia de un protocolo nacional para regular en la materia.

— Juan Manuel Urtubey (@UrtubeyJM) 24 de mayo de 2018

Desde hace años, es legal la interrupción de un embarazo en casos de violación. Sin embargo, en la provincia de Salta un decreto firmado el 22 de marzo de 2012 establecía que el aborto debía realizarse dentro de las primeras 12 semanas de gestación, sin importar cómo se produjo el embarazo.