El Gobierno nacional prometió a las petroleras darle una "compensación" si logra no trasladar a los surtidores el ajuste de precios pendientes en los combustibles que, estiman, ya ronda el 30%.

Esa promesa quedó sellada en un escrito en el "Acuerdo de Estabilidad de Precios con Cuenta Compensatoria" que firmó el ministro de Energía, Juan José Aranguren junto con las máximas autoridades de YPF, Shell y Axion el 8 de mayo pasado.

Se trata de un convenio que tiene vigencia de ocho meses a partir del 1° de mayo, impide aumentos por dos meses y admite desde la génesis un atraso de precios al público de al menos 12% en naftas y gasoil.

El 12% de piso y las variaciones que se acumulen durante los dos meses de congelamiento serán aplicados en seis cuotas mensuales consecutivas a partir del jueves 5 de julio y hasta el 31 de diciembre.

Sin embargo, en el punto 8 del Acuerdo, el ministro Aranguren se comprometió a buscar un "mecanismo" de compensación alternativo si las petroleras no pueden incrementar los precios en el nivel previsto.

Para la lucha contra la inflación que encaró el Gobierno, cualquiera de estos escenarios son complejos.

Por ese motivo, el Acuerdo secreto aclara que el cumplimiento de la "compensación final" a las refinadoras se puede extender hasta marzo de 2019, aunque no especifica el "mecanismo" de recupero.

Mientras tanto, son las compañías las que asumen la pérdida económica por el fin del intervencionismo, aunque analistas sugieran que este Acuerdo de congelamiento configura la máxima expresión de la intromisión del Estado en la economía.