Al cumplirse un año del inicio de la búsqueda del artesano Santiago Maldonado, organizaciones sindicales, sociales y políticas de Santa Fe se convocaron en la Plaza del Soldado.

Los manifestantes marcharon hasta  Casa de Gobierno exigiendo "justicia y castigo a los responsables políticos de su desaparición".

Maldonado, ocurrida exactamente hace un año, tras un violento desalojo de una protesta mapuche en Chubut, mantuvo en vilo al país durante 77 días, cuando su cuerpo fue hallado sumergido en un río. Maldonado había participado el 1 de agosto de 2017 de una manifestación de una comunidad indígena situada en la localidad de Cushamen, en la región andina de la provincia de Chubut, a unos 1.500 kilómetros al sudoeste de Buenos Aires.

La protesta fue desalojada con violencia por agentes de la Gendarmería, la policía fronteriza. Su desaparición fue advertida por los mapuches y denunciada el mismo día del reclamo. El cadáver de Maldonado fue hallado el 17 de octubre a pocos metros de la zona en la que había sido visto por última vez.

Tras 78 días sin noticias de su paradero, el cuerpo de Santiago Maldonado fue hallado en el Río Chubut el 17 de octubre de 2017, a pocos metros de donde había sido visto por última vez y en un sitio que había sido rastrillado varias veces con resultado negativo: según el informe de la Junta Médica que realizó la autopsia, el artesano murió por "ahogamiento" y su cuerpo estuvo "siempre bajo el agua".

"Por unanimidad se estableció que la causa de muerte de Santiago Andrés Maldonado fue por ahogamiento, sumersión, en las aguas del Río Chubut y fue ayudado este ahogamiento por hipotermia", afirmó el juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, luego de los estudios realizados sobre los restos del joven por 55 peritos en la Morgue Judicial de la Corte Suprema de Justicia.

La causa tuvo hasta el momento pocos avances desde aquel peritaje, aunque el juez Lleral mantiene aún la carátula -a pesar de los pedidos del Ejecutivo y de la fiscal del caso- como "desaparición forzada".

"Hay circunstancias fácticas que deben ser valoradas para disponer un cierre definitivo. Cualquier cambio de carátula implicaría un adelantamiento de opinión", señaló en los últimos días el magistrado que sucedió al juez Guido Otranto en el caso que tuvo en vilo al país.