El ex dueño de la firma IECSA Ángelo Calcaterra y el ex CEO de la misma empresa Javier Sánchez Caballero declararon hoy como "imputados colaboradores" ante el juez federal Claudio Bonadio, en el marco de la causa en la que se investiga el presunto pago de coimas en la obra pública.

Sánchez Caballero recuperó la libertad a partir de la excarcelación que le otorgó este lunes el juez Bonadio, mientras Calcaterra recibió la eximición de prisión.

Así, el único prófugo es Oscar Thomas, quien a través de su abogado, José Manuel Ubeira -que hoy se presentó en Comodoro Py-, intenta conseguir igual beneficio que el ex titular de IECSA. 

Thomas fue director del ente que administra la represa binacional de Yacyretá y uno de los funcionarios de confianza del ex ministro de Planificación Julio De Vido.

Aprietes 

Calcaterra se presentó esta mañana en el juzgado de Claudio Bonadio e indicó que los pagos en cuestión fueron realizados a raíz de que fue "apretado" por funcionarios del kirchnerismo para que aportara dinero para las campañas electorales 2013/2015.

El empresario, primo del presidente de la Nación Mauricio Macri, fue dueño de la empresa IECSA. 

Juan Araoz de Lamadrid aseguró que su defendido Juan Carlos Goycochea ya aportó lo que puede aportar, básicamente que los pagos correspondían a pretensiones que llegaban de el ex funcionario Roberto Baratta para aportes de campaña.

"Si no correspondían a estos reclamos no le liberaban los pagos de las obras con todos los problemas que les traían para las obras. Las sumas nunca superaron los 300 mil dólares", indicó.

"No hay exactitud respecto a la cantidad de pagos. El cuaderno tiene errores de días y de montos, aunque el lugar si es el que describe", agregó.

Araoz de Lamadrid explicó que Goycoechea era funcionario de una empresa multinacional y lo que hizo fue transmitir a la empresa la exigencia para que desde España le indicaran dónde tenía que buscar el dinero y entregarlo.

"No eran siempre los mismos montos, pero siempre se relacionaban a un espacio de campaña. Era una extorsión que hacían los funcionarios", expresó.