Parece una contradicción flagrante, pero mientras las esquirlas de la corrupción K retumban en Santa Fe, lo único que se percibe en esta provincia es un silencio sepulcral sobre el tema.

Para entender la raíz del caso y no seguir abonando a la confusión general, resulta imprescindible hacer algo de historia.

Desde el 10 de febrero de 2014, comenzó a implementarse en la provincia un nuevo sistema procesal penal que, entre otras cosas, trajo aparejada la creación de organismos tan importantes como el Ministerio Público de la Acusación (fiscales encargados de investigar) y el Ministerio Público de la Defensa (dedicado a la defensa técnica en materia penal).

Sin embargo, el sistema seguía padeciendo de una carencia clave: no contaba con un cuerpo especial de investigadores que dependieran de los fiscales para esclarecer los casos. Y entonces, esta labor continuaba en manos de una policía demasiado sospechada y no siempre capacitada.

El 16 de febrero de 2017 se firmó un convenio para dotar de infraestructura y personal al flamante Organismo de Investigaciones. Y el 27 de junio de este año, se realizó un concurso para elegir al encargado de conducir este organismo que tendrá un rol fundamental.

Llamativamente, se presentó solo un interesado –en ese momento asesor del Ministerio de Seguridad de Santa Fe-, quien fue admitido para cubrir el cargo.

Se trata de Marcelo Saín, un hombre con dilatado currículum: graduado en Ciencias Políticas, fue viceministro de Seguridad de Buenos Aires entre el 2002 y el 2003; primer director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) entre 2005 y 2009; director de la Escuela Nacional de Inteligencia y diputado bonaerense por Nuevo Encuentro entre el 2011 y el 2015.

Saín debería asumir en su cargo este año. Pero lo que nadie esperaba, es que su nombre apareciera en denuncias públicas vinculadas con la corrupción K.

Bolsos, droga y aviones

Sucedió a principios de esta semana, cuando la diputada del Parlasur, Mariana Zuvic, dijo en TN que Marcelo Saín fue responsable de “mirar hacia otro lado” mientras estaba al frente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y en aviones se transportaban bolsos con el dinero proveniente de las coimas.

La diputada insistió en que, a instancias de Carlos Zanini, Marcelo Saín creó la Policía de Seguridad Aeroportuaria y “se la vendió”, junto a Aníbal Fernández, a Néstor Kirchner.

Zuvik fue aún más allá, y vinculó a Aníbal Fernández con el traslado de 100 kilos de cocaína en el Tango 03. Pocas horas después, el ex ministro K la cruzó duro a través de su cuenta de Twitter.

Fernández dijo que esos 100 kilos de droga habían sido incautados a narcos extranjeros y que, Presidencia de la Nación, cedió su avión para trasladar el estupefaciente y los detenidos, bajo la custodia de Marcelo Saín.

A estas alturas de las circunstancias, frente al fárrago de información judicial y de operaciones políticas, no es fácil distinguir entre la verdad, la mentira o, incluso, la fantasía.

Pero de lo que no hay ninguna duda, es que resulta por lo menos llamativo que estas denuncias públicas no hayan tenido el menor impacto en la provincia de Santa Fe.

No sólo por la gravedad de las acusaciones, sino porque entre los mencionados por Zuvik aparece un hombre que tendrá en sus manos una misión sustancial y sensible: ser nada más, y nada menos, que el encargado de investigar los más graves delitos.

A partir de las denuncias públicas, no se produjo un solo pronunciamiento desde el Poder Ejecutivo provincial –ni siquiera quiso hablar del tema el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, a quien Saín vino asesorando en los últimos tiempos-. Tampoco desde el Ministerio Público de la Acusación –del que depende directamente el Organismo de Investigaciones, que se supone será conducido por  Saín-.

Marcelo Saín no aceptó hablar del tema. Ante la llamada del equipo de producción del programa Todo Pasa, que se emite por LT10 Radio Universidad, dijo que no hablaría por consejo de su abogado.

No le corresponde al periodismo ser juez, ni sacar conclusiones apresuradas. Pero sí le cabe la misión de informar sobre acontecimientos de relevancia pública, como los que acaban de suceder en los últimos días.

Seguramente los dichos de Zuvik terminarán en manos de la Justicia. Ya sea por decisión de la parlamentaria o por iniciativa del propio Saín quien, de no ser responsable de las actitudes que se le achacan, exigirá con todo derecho limpiar su nombre.

Por ahora, no se sabe cuándo asumirá Saín como jefe del Organismo de Investigaciones o si estas denuncias se convertirán en un escollo para él.

Pero de lo que no existe ninguna duda, es que frente a este tipo de situaciones directamente vinculadas con el interés y la función pública, el silencio sorprende. Y jamás contribuye a cimentar un clima de  transparencia.