La comisión Mixta Revisora de Cuentas que funciona en el Congreso resolvió hoy por unamidad encargar un informe "intergral" a la Auditoría General de la Nación (AGN), sobre la transferencia de recursos públicos a la Fundación de Plaza de Mayo para el programa de viviendas sociales "Sueños Compartidos".

El pedido fue iniciado por el diputado de la Coalición Cívica, Juan Carlos Morán, que obtuvo el resto de la oposición y el oficialismo.

La comisión pedirá además a la AGN que en 60 días le envíe un "informe preliminar" sobre el resultado del control legislativo de como funciona la relación del Estado con la Fundación que preside Hebe de Bonafini y tenía como apoderado a Sergio Schoklender.

El pedido llega un día después del faltazo que intendentes del conurbano bonaerense y del interior tuvieron ayer en la Cámara de Diputados. Habían sido citados a declarar luego de que el subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, y el subsecretario de Vivienda, Luis Bontempo, responsabilizaron a los municipios por el control de la ejecución de las viviendas .
En tanto, los jefes de las bancadas de diputados y senadores del radicalismo, Ricardo Gil Lavedra y Gerardo Morales, respectivamente, hará una presentación formal al organismo encargado de supervisar el funcionamiento de organizaciones sociales, para que inspeccione a la Fundación de Madres e instarán a que el ministro de Justicia, Julio Alak, tome la decisión de intervenirla.

Los titulares de las bancadas radicales anticiparon que van a enviar a la Inspección General de Justicia una nota para que promueva la intervención de la Fundación.

"Muchos intendentes temen verse involucrados, porque va a ser un escándalo de proporciones, esto es un iceberg, hay un sistema estructural. La Nación obliga a contratar a la Fundación, la Fundación compraba los paneles a una fábrica que era de la Fundación (Meldorek), se pagaban a sí mismo. Un escándalo", se quejó Gil Lavedra.