La Sala I de la Cámara federal porteña confirmó este lunes el procesamiento por lavado de dinero contra Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, el empresario Lázaro Báez, Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner), y Osvaldo Sanfelice, entre otros, en el marco de la causa Hotesur.

Los camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi confirmaron la decisión del juez Julián Ercolini quien había procesó a la expresidenta ypor presuntas actividades ilícitas de blanqueo agravadas por actuar en banda. También se respaldaron los embargos por 800 millones de pesos que recaen sobre cada uno de los imputados.

La hipótesis que se investigó es que los ex presidentes y sus hijos recibieron dinero “a través del negocio hotelero bajo cierta apariencia de legitimidad”, lo que -según señaló Ercolini en el procesamiento que confirmó la Cámara- les aseguraba poder declarar esos fondos ante la Oficina Anticorrupción y ante el fisco “ocultando su verdadero origen” supuestamente ilícito. Estas transferencias incluyen los 4,6 millones de dólares que la hija de Cristina Kirchner tenía en el Banco Galicia, embargados hace dos años.

Según el juez de la causa, las supuestas maniobras comenzaron por la necesidad de Néstor y Cristina Kirchner de contar con dinero líquido “en blanco” para poder “justificar la compra de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas”.

Así, Ercolini acusó a 20 de los acusados -entre ellos Cristina y sus hijos, Lázaro Báez y su hijo Martín- de haber formado parte de "un complejo entramado societario" que se puso en marcha "para poner en circulación en el mercado parte de las ganancias obtenidas como consecuencia de la defraudación al Estado (la causa de obra pública)".

Para lograr esto, según ya habían planteado los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques durante la investigación, los acusados “recurrieron a los fondos obtenidos junto con Lázaro Báez, por la asignación irregular de obra pública vial en su provincia de origen” y “múltiples” negocios con las empresas del Grupo Austral”, con el fin de otorgarles a dichas operaciones comerciales, "apariencia de legítimas".