Argentina enfrenta juicios a empresas y bonistas por U$S 5.300 millones y es el país más demandado por el default y las expropiaciones de empresas, entre otros litigios.

En su momento, el país había perdido el juicio por Aerolíneas y hay demandas por YPF y las ex AFJP. Además, ya se pagaron a empresas y bonistas sentencias por US$ 25.000 millones.

El tema se puso nuevamente sobre el tapete luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos resolviera que un juicio por la expropiación de YPF sea llevado a cabo en su jurisdicción y no en los tribunales locales.

Casos

Cristián Giménez Corte, docente de Derecho Internacional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, analizó el tema y advirtió que “hay diferentes tipos de casos”.

“Por un lado están los casos por el cual inversores inician juicio a la Argentina después del default por no pagar los préstamos de dinero que el país había adquirido con distintos bancos extranjeros. El caso mas famoso de esto es el que terminó con el embargo de la Fragata Libertad”, explicó.

El especialista recordó que Argentina había llegado a un acuerdo con el 93% de los acreedores, y sólo con ese 7% que quedó fuera del acuerdo, “los Fondos Buitres lograron paralizar totalmente el proceso de reestructuración de la deuda”.

“Lo que pasó en este caso es que un juez norteamericano de primera instancia (Thomas Griesa) bloquea el pago de Argentina a cualquier tipo de acreedor, llevándola a un estado de cesación de pagos, una especie de quiebra. Por sólo el 7% de acreedores, un juez de primera instancia prácticamente puede hacer quebrar un país”, sentenció.

El caso YPF

Giménez Corte puso blanco sobre negro en la explicación del juicio de expropiación de la petrolera estatal: “En 2012 Argentina establece la ley de expropiación de YPF, que consistía en que el país adquiriera el 51% de las acciones de Repsol y -con eso- el control de la compañía”, detalló.

Sin embargo, la compañía Petersen tenía el 20% de las acciones. Es, precisamente, esta sociedad comercial la que inicia juicio contra Argentina.

“En el estatuto de YPF decía que si el gobierno adquiría el control del paquete accionario tenía que ofrecerle a Petersen comprarle sus acciones. El gobierno no lo hizo y a raíz de la expropiación las acciones cayeron. Finalmente Petersen quiebra”, detalló el docente en diálogo con el programa El Cuarto Poder.

En cuanto a la resolución de la Corte estadounidense, Giménez Corte indicó que la postura de Argentina fue remarcar que la expropiación es un acto soberano y por ello debe dirimirse en los tribunales locales. En cambio, el tribunal norteamericano sostiene que el ofrecimiento de vender las acciones de Petersen posterior a la expropiación es un acto comercial.

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