Los familiares de las víctimas de la explosión de calle Salta en la ciudad de Rosario finalmente conocerán este martes el veredicto del tribunal que llevó adelante el juicio por las responsabilidades penales de lo ocurrido. Los jueces Marcela Canavesio, Carlos Leiva y Rodolfo Zvala dictarán a las 14 la sentencia en el marco del proceso oral y público que demandó aproximadamente dos meses.

La explosión del edificio de calle Salta 2141 en la ciudad del sur santafesino tuvo lugar el 6 de agosto de 2013, y el saldo fue 22 personas muertas y decenas de heridos.

A lo largo de las 22 audiencias, pasaron cerca de 100 testigos, entre los que se contaron peritos, agentes de policía, personal de bomberos, médicos forenses y también estuvieron habitantes del edificio, según indica el diario rosarino La Capital.

Los imputados

Son once los imputados por el delito de estrago culposo, en este caso agravado por las muertes. La querella pidió cinco años de prisión efectiva, mientras que la Fiscalía solicitó lo mismo, pero para nueve de los acusados, dejando afuera al gasista José Luis Allala y al reclamista de Litoral Gas, Gerado Bolaño.

Bolaño acudió al edificio el 25 de julio de 2013, un día después de que la vecina del 9º F, Mariela Bozzo, llamó a Litoral Gas para denunciar que tenía problemas de presión del fluido en su departamento. No la encontró, pero detectó fugas en el gabinete del edificio y cortó el servicio.

El reclamo de justicia de las familias de las víctimas en la puerta de Tribunales

Allala, en tanto, fue contratado por la administración para reparar esas fugas. Lo hizo el 26 de julio. Ese día era viernes y culminó su labor cerca de las 21.30. Llamó a Litoral Gas para que reconectaran el servicio y se retiró.

Si bien para la Fiscalía ambos actuaron "antirreglamentariamente" (Bolaño hizo constar en un formulario que cerró la válvula con cepo cuando no fue así, y no se entrevistó con la vecina que originó el reclamo, y Allala se retiró del edificio sin esperar la llegada de los operarios de Litoral Gas), igual consideró que "sus conductas negligentes no contribuyeron al estrago del 6 de agosto".

Para los defensores de los únicos querellantes por parte de las víctimas, la familia Gianángelo, todos formaron parte de una cadena de responsabilidades que terminaron confluyendo en la tragedia, por lo que siguieron adelante con la imputación de estos dos acusados.

En el resto, tanto Fiscalía como querella coinciden en el punto central del planteamiento: los imputados fueron eslabones de una cadena de responsabilidades y negligencias que culminaron con el estrago.

Así, en el banquillo también se encuentran los dos reclamistas de Litoral Gas que reconectaron el servicio el 26 de julio, Guillermo Oller y Luis Curaba; el jefe de mantenimiento de redes de la empresa, Claudio Tonucci, y la gerenta técnica de la firma, Viviana Leegstra.

Además, están imputados tres integrantes de la administración del consorcio del edificio, Mariela Calvillo, Norma Bauer y Carlos Repupilli; y el gasista que manipuló el regulador el día de la tragedia, Carlos García, y su ayudante Pablo Miño.