La represión de una marcha contra el presidente Vladimir Putin dejó al menos 1.000 detenidos en las inmediaciones de la alcaldía de Moscú, donde los manifestantes protestaban por la proscripción de candidatos disidentes para las próximas elecciones locales.

La protesta comenzó frente a la alcaldía, en una avenida Tverskaya fuertemente custodiada y donde los manifestantes eran detenidos a medida que se acercaban al grito de "vergüenza" o "elecciones libres". Los que no fueron atrapados se vieron obligados a retroceder hasta calles adyacentes forzados por los cordones de oficiales antimotines.

La marcha no autorizada se produjo una semana después de una movilización similar que reunió a más de 10.000 personas. La oposición convocó las manifestaciones para rechazar el veto a las candidaturas independientes de 57 ciudadanos, de cara a las elecciones del 8 de septiembre en Moscú, que las encuestas anticipan complicadas para los candidatos oficialistas.

"¡Rusia será libre!", gritaba la multitud frente a las tropas con equipos antidisturbios, cuya intervención causó también que seis personas resultaran heridas. La policía irrumpió además en el estudio de televisión del disidente Alexei Navalny y bloqueó la transmisión en la web de las protestas en vivo.

Entre los arrestados, incluso antes de la manifestación, había referentes opositores como Ilia Yashin, Liubov Sobol, Dmitry Gudkov, Ivan Zhdanov, todos ellos proscriptos por la Comisión Electoral, que les prohibió presentarse como candidatos.

Algunas de sus casas fueron incluso allanadas durante la semana, y esta vez el cargo podría ser más grave que la "organización de una manifestación no autorizada", por la cual Navalny fue arrestado el miércoles pasado y sentenciado de inmediato a 30 días de cárcel. Las protestas por la admisión de disidentes a las elecciones podrían costar a los organizadores hasta cinco años de prisión, bajo el cardo de "obstrucción del trabajo de las comisiones electorales".

La estrategia judicial recuerda a las condenas a opositores en 2011-2012, que protestaban contra la vuelta del actual presidente, Vladimir Putin, al Kremlin. Amnistía Internacional criticó el "intento abierto y descarado de las autoridades rusas para intimidar a la oposición" y alertó sobre sus temores a una "próxima represión masiva".