Cuando el juez Jorge Pegassado decidió liberar -a cambio de una fianza de 1,2 millones de pesos cada uno- a cinco de los integrantes de la banda de gitanos que se dedicaban a realizar estafas telefónicas en la ciudad de Santa Fe y en otros puntos del país, los fiscales María Laura Urquiza y Leandro Lazzarini expresaron públicamente su asombro y adelantaron su intención de apelar esta medida.

Es que, entre otros factores que enrarecieron esta causa, los fiscales aseguran que ni siquiera están confirmadas fehacientemente las indentidades de estas personas que, además, no cuentan con un domicilio fijo.

En tal sentido, remarcaron que “la decisión del juez generó sorpresa no sólo entre quienes investigamos los hechos, sino también en la Fiscalía Regional, que nos solicitó un informe acerca de las circunstancias de esta audiencia”.

Por estos motivos se aguardaba con sumo interés que el juez Pegassano diera a conocer sus argumentos. Lo que hizo en las últimas horas a través de una resolución fechada el 3 de agosto.

Según Pegassano, la gravedad de la posible pena -los imputados son investigados por estafas y asociación ilícita- no resulta argumento suficiente como para mantener a los sospechosos en prisión: "De la gravedad de la imputación y del monto de la pena esperada, según el caso, no se puede derivar, sin más, la sospecha de fuga...".

Otro de los planteos de los fiscales apunta a que, una vez en libertad, los sospechosos podrían interferir en el curso de las investigaciones. Frente a esta posición, el juez sostuvo que "para fundamentar el peligro de obstaculización -de las investigaciones- las conductas requieren que el peligro sea concreto y no abstracto (por ejemplo, no basta con decir que tal persona tiene tal o cual cargo para considerarlo peligroso)... Y en este caso ya declararon los testigos víctimas y se reunieron las demás evidencias como las escuchas telefónicas".

"Por otra parte -agregó el juez-  el organizador de la asociación ilícita seguirá privado de libertad... y era él quien impartía las instrucciones que supuestamente los demás imputados cumplían, de modo que se puede afirmar que las evidencias mas importantes de la investigación ya han sido reunidas y no existe posibilidad que la soltura de los imputados entorpezca ahora la investigación. No hay motivos serios y fundados para continuar privándolos de libertad".

En este sentido, Peggasano sostiene que la capacidad de los sospechosos de entorpecer la investigación, no puede ser considerado argumento para mantenerlos detenidos porque "el Estado cuenta con innumerables medios para evitar la eventual acción de los imputados..., con todo su aparato de investigación, policía, fiscales, etc.... Si el Estado es ineficaz, no se puede cargar en la cuenta del imputado, mucho menos a costa de la privación de la libertad".

Finalmente, el juez les responde a los fiscales que sostienen que las identidades de los sospechosos no están fehacientemente acreditadas: "Al iniciar un proceso, supongo que se comienza con una identificación indubitable de las personas a las cuales también  se priva de su libertad... De modo que alegar el desconocimiento de la identidad de los imputados no condice con los postulados" de la Constitución Nacional Argentina, los Tratados Internacionales, las leyes vinculadas y el respeto de los Derechos Humanos.

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