Un nuevo pedido de penas de prisión perpetua recayó contra 16 imputados por los crímenes cometidos en la ESMA durante la dictadura, entre quienes se encuentran los ex represores Jorge "El Tigre" Acosta y Alfredo Astiz.

La mayoría de los pedidos de prisión perpetua para su "cumplimiento efectivo" en una unidad del Servicio Penitenciario, obedecen a los crímenes del escritor y periodista Rodolfo Walsh y de los secuestrados en la Iglesia de la Santa Cruz, incluidas las dos monjas francesas, Alice Domon y Leonie Duquet.

Los abogados Rodolfo Yanzón y Luz Palma Zaldua, en representación de las víctimas, pidieron que se condene a 18 acusados por su participación en "crímenes de lesa humanidad" tales como privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos y homicidios.

"Les hemos regalado mucho a estos señores; 30 años de impunidad", exclamó Yanzón al reclamar el cumplimiento efectivo en cárcel común, para luego señalar que la "finalidad de la pena es la de reparar a las víctimas, a sus familias, sus hijos sus padres, sus madres, nietos y sobrevivientes".

Los letrados integrantes del equipo KAOS pidieron la pena de prisión perpetua, además de Astiz y Acosta, para el ex canciller de la dictadura José Antonio Montes, Manuel Jacinto García Tallada, Pablo García Velazco, Jorge Radice, Juan Carlos Rolón, Antonio Pernías, Julio Cesar Coronel, Adolfo Miguel Donda, Raúl Scheller, Juan Carlos Fotea, Ricardo Cavallo, Néstor Savio y Alberto González.

En tanto, requirieron penas de 25 años para Juan Antonio Azic y el médico Carlos Capdevilla, a quien acusó de haber actuado también como "operativo".

Por su parte y antes del pedido de penas, el abogado Yanzón solicitó al Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) que se extraigan testimonios para que se investigue "la conducta" del ex jefe del Estado Mayor de la Armada, el almirante retirado Orlando Ramón Arosa, quien al declarar durante el juicio como testigo aseguró que el operativo llevado a cabo en la iglesia de la Santa Cruz "fue una operación de inteligencia exitosa".

En esa operación, Astiz se infiltró haciéndose pasar como familiar de un desaparecido y, entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977, fueron secuestrados el primer grupo de Madres de Plaza de Mayo y las monjas francesas Domon y Duquet, quienes fueron llevados a la ESMA, torturados y luego asesinados en los llamados "vuelos de la muerte".

Arosa, como oficial de alto rango de la Armada, integraba por entonces el Estado Mayor de la fuerza, por lo que los abogados pidieron "que se investigue su conducta".

Para Acosta, la querella solicitó la pena en 21 casos de privación ilegal de la libertad cometidas por funcionario público, 15 de los cuales perduraron durante mas de un mes, además de "imposición de tormentos" agravados; por robo cometido en banda y en poblado, y por homicidio agravado en 6 casos, todos ellos en concurso real.

En el caso de Astiz se trata de 18 casos de "privaciones ilegales de la libertad mediante el uso de violencia y amenaza" y 6 casos de homicidio, por los casos de Rodolfo Walsh y los de la Santa Cruz.

En este último caso, y como en acusaciones anteriores durante el juicio, los querellantes se ven limitados de acusar sólo por los cinco cuerpos de las víctimas de la Santa Cruz que fueron hallados e identificados.

El resto de las acusaciones con pedido de prisión perpetua, varía de acuerdo al número de privaciones de la libertad y tormentos.

En relación a Azic y Capdevilla, al primero se le imputan tres casos de tormentos y tres de privación ilegal de la libertad, mientras que para el médico el número se eleva a cinco casos.

Durante la audiencia se recordó que Azic fue quien anotó como propias a dos hijas de desaparecidos, quienes recuperaron su identidad, una de ellas la actual diputada de Proyecto Sur Victoria Donda.