El escandaloso cierre de dos causas judiciales contra ex jefes policiales de Santa Fe derivó en una investigación por parte de la Corte Suprema de Justicia para determinar las razones de las demoras que derivaron en su prescripción. Ahora son 17 los expedientes revisados por el máximo tribunal y por el procurador general, Jorge Barraguirre.

“En pocas semanas contaremos con ese informe, con el estudio de todas las causas y después veremos como se resuelve en consecuencia”, expresó Barraguirre por LT10.

Prescriptas

El paso del tiempo en la fase administrativa de muchos de estos expedientes derivan en la prescripción de las causas penales.

Eso sucedió este año con dos investigaciones emblemáticas por presunto enriquecimiento ilícito: una de ellas tenía como acusado al ex jefe de policía de la provincia, Osvaldo Toledo; y la otra, al ex jefe de la Unidad Regional del departamento Constitución, Rodolfo Romero.

Barraguirre confirmó que son 17 las causas que la Corte revisa, dos de ellas (las de Toledo y Romero) ya prescriptas.

El máximo tribunal santafesino ordenó un pedido de informes sobre todas las causas del listado que en su momento Barraguirre había ordenado impulsar. Por entonces eran 17 expedientes. Ese pedido fue remitido a la Oficina de Gestión Judicial para que detalle si existen causas por enriquecimiento ilícito que se encuentren afectadas a un juez. La misma solicitud fue enviada al Ministerio Público de la Acusación (MPA) para que responda sobre los legajos bajo su órbita. Los resultados de ese sondeo comenzarían a conocerse esta semana.

En simultáneo, la Corte abrió una investigación para saber por qué las causas de Toledo y Romero terminaron archivadas por el paso del tiempo y sin que existiera un pronunciamiento judicial acerca de si existió o no un aumento patrimonial injustificado de los comisarios. Para esa tarea fue designada la camarista penal Gabriela Sansó, quien requerirá detalles de los expedientes en cuestión para evaluar en qué consistieron las demoras.

El sumario interno buscará deslindar responsabilidades de funcionarios respecto de los cuales la Corte tiene potestad disciplinaria de supervisión y sanción. Esto no alcanza a fiscales y defensores del nuevo sistema, que son independientes. La atención estará puesta en detectar si hubo en esos procesos una inactividad que derivara en la prescripción de las causas. En el caso de Toledo, ya retirado de la fuerza, la causa cerró tras ocho años de trámite y sin que fuera indagado.

Asuntos Internos

Las causas sobre las que posó la lupa la Corte se abrieron a partir del año 2006 por una investigación de la Dirección de Asuntos Internos. De un centenar de casos iniciales, una docena fueron elevados a la Justicia rosarina. En 2014 el fiscal de Cámaras de Rosario, Guillermo Camporini, dio instrucciones de activarlas ante un pedido de Barraguirre. El reclamo del procurador se reiteró en 2017, cuando le indicó al fiscal de Cámaras Guillermo Corbella que se intentara avanzar en 17 causas hasta la etapa de sentencia, que es cuando un juez puede valorar si existen o no pruebas del delito.

El sumario administrativo de Toledo se había iniciado el 27 de noviembre de 2011 cuando era jefe de policía de Rosario. Le adjudicaban ser titular de varios taxis y poseer un campo en Entre Ríos. Por entonces Toledo respondió que desde 1991 era propietario de tres licencias de taxis, dos a nombre de su esposa y una bajo titularidad de su hijo, y que había recibido una herencia. En Tribunales la causa comenzó a investigarse en el juzgado de Instrucción a cargo de Juan Carlos Vienna.

En octubre de 2018 la Corte provincial dispuso que todas las causas del viejo sistema (anteriores al 10 de febrero de 2014) pasaran al nuevo régimen oral y acusatorio donde deben ser perseguidas por fiscales. El defensor Gustavo Feldman planteó entonces la prescripción ante el fiscal Gonzalo Fernández Bussy, quien estuvo de acuerdo con el planteo. El juez Juan José Alarcón advirtió que el caso estaba prescripto desde hacía más de un año y lo archivó. Lo mismo dispuso respecto de Romero, también retirado, cuyo expediente ingresó a la Justicia en diciembre de 2012. Le atribuían tener un hotel en la localidad cordobesa de La Cumbre y ser titular junto a su esposa de una agencia de seguridad privada.

Tras esas prescripciones, Barraguirre inició su propio pedido de informes al que se sumó el de la Corte provincial. El MPA advirtió entonces que muchos de los expedientes por enriquecimiento de jefes policiales llegaron al nuevo sistema cuando ya estaban prescriptos. Es por esto que el fiscal general Jorge Baclini advirtió que se analizan otras salidas jurídicas, como declarar imprescriptibles las causas seguidas a funcionarios públicos por un aumento indebido de su patrimonio.

Audio: Escuchá la nota completa con Jorge Barraguirre