El Gobierno preparó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para traspasar el Programa de Protección de Testigos a la órbita del Poder Judicial, pero decidió frenarlo por el momento ante el rechazo de sectores de Comodoro Py y del Frente de Todos.

La iniciativa fue redactada por el titular de la cartera judicial, Germán Garavano, tras los planteos realizados por testigos arrepentidos como el ex secretario de Obras Públicas José López, el chofer Oscar Centeno y el financista Leonardo Fariña, entre otros.

En Casa Rosada confirmaron que el decreto no fue firmado aún por el presidente Mauricio Macri y no se espera que lo haga en las próximas horas. "Es un tema complejo", indicó una fuente gubernamental ante la consulta sobre el motivo de posponer la firma del mandatario.

Según trascendió, entre los motivos de la demora estarían el malestar en Comodoro Py, en la Corte Suprema, y el rechazo del mandatario electo, Alberto Fernández.

"Nunca fuimos consultados por semejante tema. Por lo tanto, muy lejos estamos de avalarlo. Ya es hora de dejar de desinformar. Lo digo por el bien de todos", afirmó Fernández en su cuenta de la red social Twitter, al rechazar una información periodística que señaló que sus asesores estaban de acuerdo con el cambio de órbita.

Este martes, en la reunión de acuerdos de la Corte Suprema, los jueces analizaron el tema y expresaron su rechazo a la posibilidad de que la Justicia se haga cargo del Programa de Protección de Testigos, que el gobierno esperaba pasar a la Cámara de Casación, supo NA.

El sistema, creado por en agosto de 2003 a través de la Ley 25.764, "se encuentra dirigido a testigos e imputados (colaboradores de justicia o arrepentidos) que hubieren realizado un aporte trascendente a una investigación judicial de competencia federal (narcotráfico, secuestro extorsivo y terrorismo, delitos de lesa humanidad cometidos en el período 1976/1983, trata de personas) y que, como consecuencia de él, se encuentren en una situación de riesgo", señala el Ministerio de Justicia.