El nuevo Gobierno argentino anunció este martes que evalúa regular a través de una nueva ley el consumo y el autocultivo de cannabis, en lo que representaría un cambio histórico en materia de drogas en el país sudamericano.

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, se pronunció a favor de "regular el cultivo para consumo y regular que pueda haber una cantidad de plantas que puedan cultivarse para el consumo".

"Creemos que hay que dar un debate en ese sentido", dijo la funcionaria en declaraciones a una radio porteña. 

Frederic remarcó que el debate "ya lo planteó" el nuevo presidente argentino, el peronista Alberto Fernández, quien asumió el cargo el pasado 10 de diciembre.

"Primero hay que empezar por la experiencia de regular el consumo de cannabis, inclusive la producción para el consumo, y en todo caso luego ver qué hacemos con las otras drogas. Me parece que Argentina no es un país que esté preparado para la despenalización de lo otro", expresó.

La jefa del área tomó así distancia de la propuesta que hizo este lunes el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, acerca de estudiar la legalización del consumo y la comercialización de todo tipo de droga.

La ministra abogó por aunar los criterios tanto entre las distintas reparticiones del Gobierno nacional como entre las provincias sobre "la persecución de los consumidores y los tenedores" de estupefacientes.

Tras la adopción en muchas provincias argentinas de la ley de estupefacientes, los casos de consumo y tenencia de drogas pasaron de la justicia federal a la provincial y "eso incrementó la población carcelaria en la mayor parte de las provincias que adhirieron", señaló Frederic.

La jefa del área advirtió que Argentina atraviesa una emergencia carcelaria por la superpoblación de los penales.

Además, cerca del 50 % por ciento de los presos en cárceles argentinas aún no cuenta con condena, según precisó Frederic, quien agregó que "hay mucha gente que está detenida por consumo, que se la considera en realidad microtraficante".

"Hay que tener criterios claros entre los ministerios de Justicia y Seguridad acerca de qué vamos a considerar tenencia para consumo y qué vamos a considerar tenencia para tráfico de drogas. Esto es clave y tenemos que hacerlo relativamente pronto porque en esa zona de ambigüedad la policía actúa con discrecionalidad y el freno termina siendo el Poder Judicial pero con un costo enorme de procesamiento, papeles y hostigamiento", subrayó la ministra de Seguridad.

Frederic tomó como ejemplo el denominado "fallo Arriola" de la Corte Suprema de Justicia, que en 2009 resolvió a favor de una persona detenida por consumo de marihuana y ordenó su liberación.

La sentencia del máximo tribunal estableció que el consumo de estupefacientes en el ámbito privado sin ostentación a terceros está protegido por la Constitución Nacional.

"Tenemos que ir por ese camino con una ley", propuso la ministra de Seguridad, quien planea convocar en enero a un equipo de expertos que hayan estudiado los casos de Canadá, algunos estados norteamericanos y Uruguay para "pensar un modelo argentino".

"El costo para el Estado de la persecución del tráfico de marihuana es altísimo y muchos de nosotros sabemos que el daño que produce la marihuana en muchos casos es incluso menor al que produce el alcohol", sostuvo la jefa de la cartera de Seguridad.