En la última sesión del año, el Senado santafesino se apresta a dar el aval al paquete impositivo del gobernador Omar Perotti, luego de una serie de reuniones entre sectores del mismo oficialismo que venían distanciados tras la aprobación del presupuesto 2020 elaborado por el Socialismo.

El sanlorencino Armando Traferri, presidente del bloque Nuevo Espacio Santafesino, fue recibido ayer por espacio de una hora por Perotti, encuentro que fue la llave para destrabar el tratamiento del paquete que pretende el mandatario.

Finalmente, el Senado fue convocado para este viernes a las 10 a la última sesión extraordinaria del 2019, donde se espera que el oficialismo -ahora unido- le dé sanción definitiva al cese del Consenso Fiscal (votado ayer por Diputados) y media sanción a la Reforma Tributaria, para permitir que la Cámara Baja la convierta en ley el próximo lunes.

Modificaciones

Habrá que aguardar al desarrollo de la sesión de este viernes para saber si los senadores introducen modificaciones al proyecto de Reforma Tributaria que, entre otras cosas, contempla un aumento del Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural, grava con Ingresos Brutos a cerealeras y bancos, suspende la baja de Sellos y de Ingresos Brutos para el resto de las actividades, así como una moratoria para los contribuyentes que no estén al día con algún tributo.

Lo que comenzó con una reunión privada entre Perotti y Traferri, por la noche se transformó en un encuentro ampliado con el resto del bloque que conduce el senador por San Lorenzo (Rubén Pirola, Raúl Gramajo, Osvaldo Sosa, José Baucero y Guillermo Cornaglia).

De aprobarse la Reforma Tributaria en la Cámara Alta, los diputados sesionarían el lunes para tratar el paquete. Dependerá de los cambios que reciba el mensaje oficial la decisión que tome luego el mayoritario Frente Progresista, que a priori, adelantó su rechazo al texto tal como fue enviado por el Ejecutivo, aunque está predispuesto a darle tratamiento.

Quedará para 2020 el tratamiento de las polémicas declaraciones de emergencia en distintas áreas del gobierno, que para la oposición significaría delegar en el gobierno una serie de “superpoderes” para compras directas, redireccionamiento de partidas y contrataciones, entre otros trámites.