Mientras el Movimiento Al Socialismo (MAS) lanza hoy su campaña para las elecciones del 3 de mayo, las candidaturas del binomio presidencial, Luis Arce y David Choquehuanca, y del ex presidente Evo Morales, entre otros, están siendo analizadas por la Justicia electoral de Bolivia, aunque hay dos antecedentes de organismos internacionales que podrían beneficiarlos.

El Tribunal Superior Electoral evalúa en concreto si los candidatos cumplen con el requisito de residencia que exige la Constitución boliviana.

Además de Morales, Arce y Choquehuanca, están también cuestionados el ex canciller Diego Pary, candidato a senador al igual que el ex mandatario.

Un quinto cuestionado es Mario Cossio, candidato a senador por Tarija de Creemos, la fuerza que postula para presidente a Carlos Mesa.

Pero la Sentencia Constitucional 0024/2018 y un dictamen del Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el caso de Rebeca Delgado podrían cambiar el panorama.

Wilfredo Chávez, abogado de Morales, escribió ayer una misiva al Tribunal Supremo Electoral en la que pide aplicar la sentencia 0024/2018 para la situación de Pary y en caso de presentarse “casos similares”, lo cual alcanzaría al resto de las impugnaciones.

“Asimismo, pedimos expresamente que de presentarse casos similares, o que de oficio el TSE estime analizar otras postulaciones con un argumento similar relacionado a la residencia permanente, pido a ustedes se aplique los mismos fundamentos antes expuestos”, se lee en la carta que envió al TSE.

El artículo 149 de la Constitución Política del Estado (CPE) pide como requisito la permanencia en el país por un mínimo de dos años en el caso de postular al Legislativo.

Según el analista Franklin Pareja, citado por el diario Página Siete, la Sentencia Constitucional 0024/2018 inaplica el artículo 149 de la CPE, habla de residencia intermitente por residencia permanente, pero no hace mención de la obligatoriedad de los dos años.

En el dictamen sobre el caso de Delgado, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas señaló que "el ejercicio de los derechos reconocidos por el artículo 25 del Pacto, incluido el derecho a presentarse como candidato a elecciones, no puede suspenderse ni negarse, salvo por motivos previstos en la legislación y que sean razonables y objetivos”.

Según Gonzalo Barrientos, legislador de Juntos, la fuerza que postula a la presidencia a la actual mandataria interino, Jeanine Áñez, Morales "decidió salir del país, se fue a México en condición de asilado político, y ahora está en Argentina también en condición de asilado político por decisión propia. No tiene una residencia permanente, no cumple el requisito y no puede ser habilitado”.

Luis Arce, candidato a la Presidencia por el MAS, señaló que “Morales es refugiado en la República Argentina y está protegido por la Convención de Viena de 1950 que se denomina estatuto del refugiado".