La Cámara Federal porteña anuló este jueves un acuerdo de colaboración que había firmado la Argentina con Brasil para tener las pruebas del escándalo de corrupción conocido allí como Lava Jato y que podía servir para avanzar en una de las causas por el pago de sobornos de Odebrecht en el país.

Se trata de la causa por la construcción de los gasoductos norte y sur, por los cuales ya el fiscal Ramiro González, reemplazando a su par Federico Delgado, había avalado junto con el juez Daniel Rafecas el acuerdo de colaboración para recibir las pruebas.

Ahora, los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia señalaron que el Acuerdo de Compromiso de Especialidad y de Limitación de Uso de la Prueba con las autoridades brasileñas estuvo mal hecho.

El acuerdo al que suscribió el fiscal González en 2017 sostenía que "sean personas físicas o jurídicas, no serán procesados civilmente, administrativamente o criminalmente en esas jurisdicciones por los hechos revelados y los documentos proporcionados voluntariamente a las autoridades brasileñas, así como por las pruebas derivadas de dichos hechos y documentos".

La Cámara señaló que un acuerdo de esas características ya había sido rechazado por el Procurador General de la Nación, pues los jueces advirtieron que, de avalarlo, "supone aceptar no perseguir penalmente ni civil, ni administrativamente" a "los colaboradores del Ministerio Público Federal de República Federativa del Brasil, en el caso Lava Jato" por los "hechos revelados".

"No sólo el acusador carece de norma habilitante para asumir un compromiso de ese tipo en un caso como el presente, se trata de un punto que contraría abiertamente la ley penal argentina", señaló el Tribunal en su fallo.
   Más allá de eso, los jueces remitieron el expediente a la Fiscalía 6, cuyo titular es Delgado, para que exprese su opinión en miras a realizar un nuevo acuerdo.

"Nuestro país ha asumido un compromiso fuerte ante la comunidad internacional para la investigación y juzgamiento de los delitos de corrupción pública. El asunto que aquí se trata hace directamente a la necesidad de contar con los medios idóneos para cumplir con esa obligación, en un caso transnacional de, entre otras hipótesis, supuesto pago de sobornos a funcionarios del Estado local", señaló la Cámara en su fallo al que accedió NA.