Apuntan a Desarrollo Social por una compra de alimentos con sobreprecios
Se trata de la adquisición de aceite, fideos y lentejas. Desde el Gobierno argumentaron que "los rubros son por kilo y no por paquete de 500 gramos" y que "se adjudicaron a más de un proveedor".
Una compra de alimentos por parte del Gobierno generó polémica en las últimas horas, luego de que el Ministerio de Desarrollo Social adquiriera aceite, fideos, arroz y lentejas en medio de la pandemia del coronavirus, a precios presuntamente superiores a los que establece en el programa oficial de Precios Máximos.
Mediante la resolución 150/2020, la cartera que conduce Daniel Arroyo autorizó la compra de 1,700,000 "unidades de aceite mezcla en presentación de 1,5 litros, solicitada por la Secretaría de Articulación de Política Social"; y adquirió dos lotes de 340.000 unidades de botellas de 1,5 cada una por un total de 107.599.800 pesos.
La empresa Sol Ganadera vendió al Estado cada botella de la marca Indigo en $157,80, mientras que la otra de compra fue a la firma Copacabana. En este caso se adquirieron botellas de la marca Ideal a 158,67. El dato que llamó la atención es que en la página de Precios Máximos del Gobierno, el aceite de 1,5 litros Ideal tiene un valor máximo de $98 pesos por botella.
La palabra de Arroyo
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, aseguró que los precios de los alimentos comprados por su cartera para asistencia social están "por encima" de los valores testigos que establece la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y señaló que se decidió avanzar con la adquisición porque se está "en emergencia".
"Hemos hecho una compra extraordinaria de alimentos porque aumentó de 8 millones de personas (que iban habitualmente a comedores y escuelas) a 11 millones de personas (por los trabajadores informales que se quedaron sin ingresos) las que requieren asistencia alimentaria en el país", dijo el funcionario.
Explicó en ese sentido que se hicieron compras extraordinarias de leche, aceite, azúcar, arroz, lentejas, fideos y harina por medio de una licitación pública en la que participaron más de once empresas y en la que la Sindicatura General de la Nación es la que establece los precios testigos.