"Hay dos alternativas: o no hacemos conciertos hasta 2022 o adoptamos medidas innovadoras”. Así plantea el dilema Oriol Mitjà, el epidemiólogo que con más convicción defiende la controvertida idea de crear un DNI o pasaporte inmunológico en España para avanzar más rápido en la salida de la crisis del coronavirus.

Por el momento, el gobierno español "no valoró esta alternativa", dijo el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, consultado en videoconferencia tras abrirse el debate sobre la utilidad y, sobre todo, legalidad de emplear un instrumento tecnológico de vigilancia masiva para acelerar la vuelta a la normalidad.

Por su parte, el gobierno regional catalán también enfrió la posibilidad de usar el pasaporte inmunológico pese a que la propuesta partió de Mitjà, su principal asesor en materia epimediológica.

Superada la peor parte de la crisis del coronavirus, que mató a más de 22.500 personas -367 en las últimas 24 horas-, España se encamina hacia un una desescalada del confinamiento en que se encuentran sus 47 millones de habitantes desde el 14 de marzo último.

Con ese objetivo, el gobierno español busca consensuar criterios con las autoridades regionales para poner en marcha una "desescalada asimétrica", entre los que figura que los contagios sean de menos del 1% y que este libre el 50% de las camas de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) para coronavirus.

La estrategia se apoyará también en un estudio de seroprevalencia que medirá el nivel de inmunidad de la población frente al coronavirus, que comenzará la próxima semana.

Entre las propuestas valoradas figura un plan de cinco fases elaborado por Mitjà, reconocido por haber encontrado una solución para erradicar el pian (enfermedad infecciosas de la piel) en Papúa Nueva Guinea, quien recomienda un certificado de inmunidad, aunque aplicando criterios bioéticos de privacidad y protección de datos.

"En las fases finales del desconfinamiento, en la que se contemplan concentraciones de más de 30 personas -con la apertura de escuelas, gimnasios y la posterior celebración de conciertos o partidos de fútbol- sería suficiente 1 persona infectada para que se produzca gran brote", advirtió el experto en una entrevista con la Cadena Ser.

Por lo tanto, "podemos esperar a que exista una inmunidad amplia para que no haya riesgo" o "plantear soluciones tecnológicas y que la sociedad decida", añadió el epidemiólogo, consciente de la necesidad de "mecanismos de fiscalización democrática" para que no haya una utilización errónea o discriminatoria de los datos.

Un instrumento como el pasaporte que plantea el experto catalán permitiría conocer en base a pruebas serológicas -de anticuerpos- qué personas son inmunes a la Covid-19, algo que es de sumo interés para la autoridades sanitarias y también para las empresas.

En países con alto desarrollo tecnológico como China o Corea del Sur, con otro entorno cultural y legal, utilizan de forma normalizada mecanismos que recogen este tipo de información sanitaria a través de los teléfonos y de códigos de respuesta rápida (QR), que se actualiza periódicamente tras la realización de las pruebas pertinentes.

Pero en España, cuyo marco jurídico se encuentra armonizado con la Unión Europea (UE) bajo una ley de protección de datos, este tipo de iniciativas son de dudosa legalidad cuando no inconstitucionales.

"Si un pasaporte así fuese obligatorio sería incompatible con la Constitución, porque implica levantar el velo que protege la intimidad, algo que solo es posible de modo individualizado y cuando haya razones justificadas", dijo a Telam Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona.

Y en caso de que fuese voluntario "puede abrir la puerta a la discriminación, tanto para acceder a determinados lugares, un bar o concierto, o a nivel laboral", remarcó el catedrático, quien cree que "antes de especular con el 'pasaporte sanitario' deberíamos estar seguros que los test que se utilizan tienen una fiabilidad total.

"Si hay que elegir entre el confinamiento y un app móvil que no da certezas, mejor circunscribirse a las medidas imprescindibles para la salud que sean menos lesivas con las libertades", remarcó Arbós.

En cambio, el argentino Martín Varsavsky, fundador de empresas como Jazztel, Overture o Goggo Network, al que las autoridades españolas encargaron varias de las apps puestas en marcha con la irrupción del coronavirus, defiende la idea del pasaporte inmunológico, ya que "permitiría salir de la actual privación de libertad".

"Deberíamos tener una app que permita la geolocalización, combinada con tests, y un sistema de semáforos que habilite la circulación. El verde serían los inmunizados y los menores de 40 años; luego estarían los de entre 40 y 65, y a partir de esa edad, los de mayor peligro a los que hay que proteger", explicó Varsavsky a Telam.

El gurú tecnológico en ningún caso esta a favor de la "solución policial", lo que propone es ayudar a que los adultos mayores no tengan que acudir a lugares de riesgo, como los supermercados.