Los pedidos de presos para salir de la cárcel en medio de la crisis por el coronavirus generaron hoy una polémica en la política, luego de que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, advirtiera que iniciarán "juicio político" a algunos jueces.

"Estamos viendo que algunos jueces están actuando de una manera absolutamente irresponsable", recalcó Massa, y adelantó que iniciarán "juicio político a aquellos que no den vista a la parte víctima del delito y procedan para la liberación de los presos".

En declaraciones a radio La Red, el líder del Frente Renovador subrayó: "Las sanciones son para ser cumplidas. Es el acto de reparación que el delincuente debe cumplir. Lo primero que se rompe es el acuerdo de convivencia".

"La mejor forma de saldar esta situación es dar vista a la víctima. En definitiva, lo que termina pasando es que los propios jueces rompen la ley", expresó el tigrense.

En respuesta a sus dichos, el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, sostuvo que se debe "analizar caso por caso el de los presos que están en condiciones de recibir prisión domiciliaria" por el coronavirus, pero resaltó que, por el momento, no ve "abusos en las decisiones de los jueces".

"Si hay jueces que liberan presos de manera injustificada pueden ser sometidos a juicio político. Si nos llegan pedidos de liberación de presos que están dentro del grupo de riesgo nosotros tenemos que liberarlos. Es bastante más sencillo de lo que parece", planteó Lugones en declaraciones a radio Futurock.

Y, sobre el pedido de Massa, remarcó: "Las prisiones domiciliarias que se están dando tienen que ver con la salud de las personas. No veo abusos en las decisiones de los jueces".

En tanto, el procurador general de la Corte bonaerense, Julio Conte Grand, aseguró que no está de acuerdo "en términos generales" con liberar delincuentes, pero sí en "evaluar la situación" de algunos presos que están en riesgo frente a la pandemia de coronavirus.

"No estoy de acuerdo en términos generales con liberar delincuentes. Estoy de acuerdo con lo que resolvimos el 16 de marzo: instruir a los defensores para que evaluaran la situación de las 2300 personas que constituían el universo de riesgo para la Organización Mundial de la Salud", indicó en diálogo con Radio Rivadavia.

A la vez, remarcó que se instruyó que los defensores evaluaran "qué penas estaban cumpliendo los detenidos, en función de qué delitos habían cometido y que efectuaran las solicitudes correspondientes".

"También dispusimos que los fiscales participaran del proceso", manifestó el procurador general.