El jueves por la tarde, unas 72 horas después del impactante anuncio de Alberto Fernández sobre la intervención de Vicentin, el Presidente y el CEO de la agroexportadora, Sergio Nardelli, se vieron las caras en la Quinta de Olivos. Los detalles del encuentro los contó el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, testigo de la reunión: “Se abrió una instancia de diálogo productivo. El presidente ha sido muy claro, su objetivo es el rescate de la empresa”, indicó el mandatario provincial. 

Pero bajo la superficie, sucedió un hecho que llama la atención. En el inicio de la negociación, hubo novedades alentadoras para los abogados de Vicentin, algunos de los cuales incluso son familiares de los accionistas. Es que salió una regulación de honorarios por un viejo juicio que la compañía le había ganado al Estado. Una demanda de 2009 contra la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuaria por una diferencia de derechos de exportación que no registraba movimientos desde 2017.

Casualidades del destino, desde que Alberto Fernández anunció el proyecto que podría llevar a la expropiación de la empresa, se desempolvó el expediente y apareció la jugosa resolución. Porque en concepto de honorarios de primera y segunda instancia, más aportes e IVA, el Estado tendría que abonar la impactante suma de 21.996.899,98 millones de dólares.

Por lo elevado del monto, el tema escaló rápidamente entre los funcionarios de primera línea. De repente, ministros nacionales estaban al teléfono para averiguar los detalles de una causa olvidada. Ahora, estudian apelar la medida judicial, que a simple vista puede parecer oportunista.

Otra curiosidad es que la resolución no fue firmada por el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, ni por el subrogante legal que corresponde a la jurisdicción de Saenz Peña, Chaco. Para esta ocasión, se designó por sorteo a un conjuez, que es un abogado de la matrícula, y que fue el encargado de rubricar el fallo: para poder hacerlo habría tenido que leer una mole de ocho cuerpos. 1600 fojas en pocas horas. La sentencia de 10 páginas y cargada de tecnicismos, apareció de todas maneras, el jueves, horas antes de la cumbre de Olivos.

Tras el mazazo que implicó el anuncio del Presidente, la suerte de Vicentin pareció mejorar. Sus abogados consiguieron que se habilite la feria judicial extraordinaria, provocada por la pandemia, para que haya resolución. El Poder Judicial estaba paralizado, pero abrió las puertas para decidir por un caso que, a juzgar por los tiempos procesales, no revestía urgencia.

Audio: Aldo Alurralde