"Y en definitiva, con la totalidad de la prueba colectada (declaraciones juradas, escrituras públicas, informes de dominio, constancias de los registros públicos de diferentes provincias, movimientos bancarios, gastos de tarjetas de crédito, pólizas de seguro, etc.), la cantidad de años de investigación y la búsqueda de datos a través de los consumos y gastos perpetrados por el causante, nada se pudo concluir; lo que le genera al Suscripto la convicción de que no media elemento concreto alguno para cuestionar la situación patrimonial del causante", había escrito el juez Rodolfo Canicoba Corral en febrero de 2020.