El Banco Nación (BNA) reclamará ante el juez federal Julián Ercolini que se investigue la venta del frigorífico Friar, propiedad del grupo empresario Vicentin, que se habría transferido a otro grupo empresario, informó la entidad a través de un comunicado.

El Nación también indicó que al mismo tiempo se presentará como querellante ante la justicia de Rosario para que “evalúe el accionar de la cerealera, ante la posibilidad de que se genere un vaciamiento del patrimonio de la empresa santafesina”.

“La cerealera concursada continúa con el desprendimiento de sus activos, en una clara maniobra para evitar la cancelación de los créditos, lo que constituye un importante perjuicio para el patrimonio del Banco”, sostuvo el presidente del Nación, Eduardo Hecker.

El reclamo del BNA surge ante las versiones periodísticas que señalan que Vicentín vendió el 50% del frigorífico Friar al fondo Buenos Aires Finantial Capital (BAF).

Además, Vicentin habría transferido a Uruguay los fondos que se generaron en esa operación, en vez de utilizar esos recursos para achicar la deuda de más de US$ 300 millones que mantiene con el Banco Nación.

El BNA denunciará también esta situación ante el juez Fabián Lorenzini, titular del Juzgado que tramita el concurso en Reconquista, quien tiene que resolver el incidente iniciado por la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de Santa Fe, que en su momento solicitó la intervención del grupo por supuestas maniobras de vaciamiento.

En tanto, está prevista para el próximo lunes 7 de setiembre una audiencia en Reconquista para analizar el pedido efectuado por el Gobierno santafesino, ocasión en la cual las autoridades del Nación pedirán que se evalúen las acciones llevadas a cabo por el actual Directorio de Vicentin.

A esa situación se suma el informe presentado en el Concurso Preventivo por la consultora internacional KPMG, que se negó a continuar como auditora externa del grupo.

En el escrito que presentó ante la justicia civil y comercial de Reconquista, KPMG informó que “suspendió la auditoría” del ejercicio de Vicentin que cerró el 31 de octubre de 2019 al señalar que “la cesación de pagos del cliente tiene un impacto generalizado en la capacidad de la organización para continuar como empresa en marcha”.

Por último, Hecker exigió –nuevamente- la presentación del balance de 2019 que es “imprescindible” para determinar la situación patrimonial de Vicentin y la adopción de medidas judiciales que impidan que la empresa se desprenda de activos.