Uruguay limitó el derecho de reunión y dispuso el cierre de las fronteras
Las medidas, impulsadas por el Ejecutivo y aprobadas por el Parlamento, tendrán vigencia desde la promulgación de la ley y hasta el 10 de enero próximo.
El Parlamento de Uruguay sancionó una ley que limita el derecho constitucional de reunión y establece el cierre de las fronteras, en ambos casos de manera temporal, como vía para contener la propagación del nuevo coronavirus, informó la prensa local.
La norma fue sancionada por la Cámara de Diputados, luego de un prolongado debate iniciado el viernes, inmediatamente después de que el proyecto recibiera media sanción del Senado.
La iniciativa fue remitida al Parlamento el viernes mismo por el Ejecutivo, con carácter “grave y urgente”, y fue objeto de arduos debates en ambas cámaras debido a la oposición del Frente Amplio (FA) centroizquierdista.
El FA, cuyos legisladores votaron contra la ley sancionada, propuso un proyecto alternativo destinado a reglamentar el artículo constitucional que garantiza el derecho de reunión.
La norma sancionada limita “transitoriamente, y por razones de interés general, el derecho de reunión”, que la carta magna advierte que podrá ser “desconocido” únicamente “en virtud de una ley, y solamente en cuanto se oponga a la salud, la seguridad y el orden públicos”.
Las medidas adoptadas tendrán vigencia desde la promulgación de la ley y hasta el 10 de enero próximo, informó el diario montevideano La República.
“Estamos asistiendo a que se mueren entre dos y tres compatriotas por día, ayer (por el jueves) superamos los 500 casos y venimos sostenidamente pasando los límites que nos habíamos propuesto”, afirmó la vicepresidenta, Beatriz Argimón, al defender la iniciativa en el debate de ayer en el Senado.
Agregó que el sentido de la iniciativa del Ejecutivo es establecer “por un plazo pequeño la posibilidad de que en aquellas circunstancias donde se lleven a cabo reuniones donde el aspecto sanitario no sea cuidado, se pueda llevar adelante la exhortación a que esto no acontezca”.
Argimón sostuvo que “las garantías constitucionales están intactas” porque “el marco es excepcional”, y subrayó que la prioridad es “bajar el número de compatriotas infectados, bajar el número de compatriotas en CTI (camas de terapia intensiva) y bajar los fallecimientos” por Covid-19.
“Presentamos un enfoque de miradas diferente para atender la misma problemática; hay que tratar de evitar las aglomeraciones, pero nosotros vamos por otro camino”, argumentó el senador Charles Carrera, del FA.
Explicó que la propuesta alternativa de su partido consistía en “darle facultades a la policía sanitaria para que pueda actuar y defina los protocolos para dar certezas al conjunto de trabajadores del país”.
Uruguay sumaba desde el comienzo de la pandemia 11.950 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 4.142 personas tenían la infección en curso (44 internadas, todas en terapia intensiva) y 109 fallecieron, según el último parte oficial, divulgado anoche el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).