Diputados nacionales de la Coalición Cívica presentaron este viernes una denuncia contra el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, por el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de sus deberes.

La presentación tiene que ver con su accionar en la investigación de las denuncias de supuestas violaciones a los derechos humanos en los centros de aislamiento en la provincia de Formosa.

Según la denuncia a la que tuvo acceso NA, la acusación es por presunto "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público".

De acuerdo al sorteo, la causa quedó en manos del Juzgado Criminal y Correccional Federal 3, a cargo de Daniel Rafecas.

La presentación lleva las firmas de los diputados nacionales de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Juan Manuel López, Marcela Campagnoli, Paula Oliveto, Mariana Zuvic, Héctor "Toti" Flores, Alicia Terada, Lucila Lehmann y Javier Campos.

Los denunciantes señalaron que "la contundencia y creciente intervención de denuncias por graves violaciones a los derechos humanos en Formosa condujo al titular de ellas a cursarle ´invitación´ al denunciado para que se presente en la provincia a constatar la ´inexistencia´ de estas".

"La invitación se cursó luego de dar el ´alta´ (id est, liberar) a la mayoría de quienes permanecían retenidos indebidamente e impedidos de su libertad en el centro de aislamiento de Formosa capital. Adecuado el escenario, el denunciado se hizo presente con una comitiva, el día 27 de enero próximo pasado", cuestionaron.

En la presentación judicial, los diputados subrayaron que "el Sr. Secretario de Derechos Humanos, Horacio César Pietragalla Corti, quedó incurso de manera dolosa, en los tipos penales de los artículos 248, 249 y 277 del Código Penal de la Nación Argentina".

"Se esperaba que el funcionario actuara de acuerdo con las misiones y funciones de su cartera, atento al conflicto desarrollado en Formosa entre los numerosos denunciantes y el gobierno provincial, a cargo de Gildo Insfrán", resaltaron.

"El Secretario de Derechos Humanos debió haber obrado de oficio, a partir del mes de marzo del año 2020, en ocasión de los más de 8000 damnificados impedidos de ingresar a su provincia. La ostentación de un poder inadmisible por parte del gobernador debió haber tenido ese límite inmediato. No sucedió", enfatizaron los legisladora de la CC en la denuncia a la que accedió NA.

Y agregaron: "Luego, el denunciado debió haber ejercido el derecho de integrarse a las causas judiciales iniciadas, en carácter de querellante, para coadyuvar a un restablecimiento del ejercicio de derechos por parte de los ´varados´".