El economista Claudio Lozano reclamó “un nuevo dispositivo de política pública” para asegurar un ingreso universal para la población, ya que las opciones tradicionales de fijar salario mínimo y básicos de convenio en paritarias se tornan insuficientes si la mitad de la fuerza de trabajo “se encuentra en situación de informalidad laboral y desempleo”.

El director del Banco Nación presentó una propuesta del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) para crear un Ingreso Básico Universal (IBU) que “recupera y profundiza” al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), y un Salario Social de Empleo y Formación (SSEyF), como instancia superadora de los programas Potenciar Trabajo y Progresar.

La implementación de las dos iniciativas, aseguró el IPyPP, tendrá un costo neto entre el 1,6% y el 2,9% del PIB, respectivamente.

“Es imprescindible que las políticas a implementar reconozcan el contexto en el cual intervienen”, advirtió Lozano, en alusión a los debates en torno a aspectos salariales y laborales que se circunscriben a la economía formal y a acuerdos paritarios entre gremios y cámaras empresarias.

La falencia de esas deliberaciones es que “prácticamente el 50% de la fuerza de trabajo se encuentra en situación de informalidad laboral y desempleo” y por lo tanto fuera del alcance de medidas destinadas a los trabajadores de la economía formal.

Para el IPyPP (centro de estudios del partido Unidad Popular, de Lozano y Víctor de Gennaro), “no alcanza con la política salarial para recuperar los ingresos populares”.

“Dicho de otro modo, bajo la nueva configuración estructural de la economía argentina y dadas las características que hoy exhibe el mercado laboral, no basta con las políticas que intervienen exclusivamente en el terreno de la economía formal (salario mínimo, básico de convenio, paritarias)”, sino que “se requiere de un nuevo dispositivo de política pública que intervenga sobre la situación social y laboral”.

En ese sentido, indicó que el acuerdo de precios y salarios en debate “requiere entonces como complemento indispensable la creación de dos instrumentos de política pública que intervienen definidamente universalizando ingresos en el conjunto de la población en situación de informalidad y desempleo”, en referencia al IBU y al SSEyF.

“Con una inversión adicional de como máximo el 2,9% del PBI se puede garantizar la inclusión de más de 4 millones de personas en un Programa de Empleo y Formación y es posible sostener ingresos que hagan factible una Argentina Libre de Hambre”, defendió Lozano la propuesta.

La iniciativa, explicó IPyPP, consiste en “superar el actual esquema de planes sociales de empleo asistenciales, focalizados e insuficientemente coordinados” y reemplazarlo por “un Área de Economía Pública y Social”.

El IBU sería destinado a “toda la población que no tenga garantizado un ingreso”, formalmente comprobable por el Estado y el monto a transferir sería “el equivalente a una Canasta Básica Alimentaria para un adulto equivalente”.

Asimismo, sería “sin contraprestación ni condicionalidades” y no tendría incompatibilidad con la Asignación Universial por Hijo.

Por su parte, el objetivo del SSEyF sería el “acceso universal a una inserción laboral” y consistiría en “un programa de trabajo garantizado vinculado a un proceso de formación permanente” y el monto a transfería sería equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil.