El paso del ministro de Economía de la Provincia por la Presidencia de la Cámara de Diputados dejó mucha tela para cortar y pocas respuestas concretas. No está claro si las decisiones políticas de la sustitución del embargo de 9.184.919,61 pesos por un seguro de caución de 1.410.738,22 pesos están avaladas con dictámenes técnicos del organismo. Certeza de no ejecución del seguro de caución que garantiza el cobro de esta última suma cuando Terminal Puerto Rosario se presentó en concurso, dijo el diputado justicialista Marcelo Gastaldi.



“La única certeza que dejó la presencia del ministro Ángel Sciara y su equipo en la Legislatura es el reconocimiento de la no ejecución del seguro de caución que garantiza el cobro de 1.410.738,22 pesos. Desde el punto de vista de la gestión es inexplicable, y denota el reconocimiento de que muchas de las afirmaciones que veníamos sugiriendo son certezas. El trato de este gobierno provincial con el concesionario privado tiene ribetes arbitrarios, excepcionales y de privilegios”, insistió el diputado al sintetizar el eje de la discusión que tanta polémica generó y que terminó con un retiro intempestivo del jefe de la cartera económica de la sala.

Es preciso recordar una breve cronología de la transacción, que valió el pedido de interpelación del ministro Sciara por parte del legislador rosarino:

El 18 de diciembre de 2008, y como consecuencia de que Terminal Puerto Rosario (TPR SA) no pagó la suma adeudada, la Administración Provincial de Impuestos (API) inicia un expediente judicial, caratulado “API c/Terminal Puerto Rosario SA y Salazar Boero, Guillermo Pablo s/Medida Cautelar”, tramitado ante el juzgado de 1a Instancia de Distrito Civil y Comercial Nº 13, en el cual solicita y obtiene la traba de una cautelar consistente en el embargo preventivo de cuentas bancarias a TPR SA y a Jorge Guillermo Pablo Salazar Boero por la suma de 9.184.919,61 pesos más intereses y costas futuras.

El mismo 18 de diciembre de 2008, la jueza Giles, en suplencia de la titular a cargo del citado juzgado, resuelve trabar embargo sobre las cuentas de TPR SA y Jorge Guillermo Pablo Salazar Boero hasta cumplir la suma de 9.184.919,61 pesos, con más el 30 por ciento en concepto de intereses y costas.

El 7 de enero de 2009, la API solicita al juzgado habilitación de feria, informando a la magistrada que la API ha aceptado sustituir parcialmente la cautelar ordenada hasta un monto de 1.410.738,22 pesos por un seguro de caución, y suspender provisoriamente la ejecución de la misma en la parte no sustituida.

El 08 de enero de 2009 el Juzgado resuelve sustituir parcialmente la cautelar ordenada, por un seguro de caución, hasta cubrir la suma de 1.410.738,22 pesos. Pero, además, resuelve el levantamiento de la medida cautelar trabada por la suma de 7.774.181,39 pesos.

“Hubiéramos preferido que todas estas decisiones políticas contaran con dictámenes técnicos de las áreas especializadas del API, pero lo cierto es que ni en el expediente judicial, ni en el expediente administrativo hay documental específica que avale las decisiones de la Administradora ”, graficó Gastaldi sobre uno de los principales puntos en discusión.

Consultado sobre los calificativos despectivos e insultos del ministro Sciara, el rosarino prefirió contabilizarlo como una mala anécdota más en la relación del economista con la Legislatura , “ya que no es la primera vez que trata a otro poder de la democracia de manera despectiva. Para mi ya pasó, creo que es fruto de la impotencia que sintió al momento de no poder contestar por qué después de más de un año del concurso de Terminal Puerto Rosario, el organismo a su cargo no había ejecutado el seguro de caución por 1.410.738,22 pesos, lo que denota una deficiente labor administrativa que alienta especulaciones y dudas de todo tipo”.

Pasados los insultos Gastaldi espera acciones concretas en defensa de los intereses de los santafesinos.