Este lunes se llevó a cabo la primera de las audiencias convocada por la Secretaría de Energía, con un total de 42 oradores inscriptos.

El encuentro fue presidido por la subsecretaria de Hidrocarburos, y moderada por la asesora legal de esa cartera, Verónica Tito.

En tanto, la segunda etapa de la revisión tarifaria se realizará este martes, a partir de las 9, en este caso convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), en la que se analizará la evolución de las tarifas que se le reconocerán a las dos empresas de transporte de gas y a las 9 distribuidoras que abarcan todo el país.

En la primera audiencia, el eje estuvo puesto sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema (Pist), que representa aproximadamente el 40% de la factura, y el porcentaje de ese costo que el Estado nacional asumirá mediante subsidios y lo que deberán afrontar los usuarios, en el marco del Plan de Promoción del Gas Natural Argentino 2020-2024.

Al respecto, la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Luz Videla Oporto, señaló este lunes que las opciones para cubrir el costo del fluido a fin de atender la demanda prioritaria -que comprende a los usuarios residenciales y determinados comercios- pasan por la asignación de partidas presupuestarias adicionales o por correcciones tarifarias de entre 17% y 35%.

“En la actualidad entre el 55,7% y el 60% del costo total del gas natural es afrontado por Estado nacional”, precisó Videla en la apertura de la audiencia pública virtual convocada por la Secretaría de Energía para tratar el precio del hidrocarburo a boca de pozo.

La funcionaria aclaró que el análisis oficial parte de los supuestos contemplados por un lado en el Presupuesto 2021, y por otro, en las proyecciones del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) difundidas por el Banco Central.

Sobre esa base se busca definir la tarifa transitoria que regirá hasta tanto concluya el análisis de una nueva revisión tarifaria integral (RTI) por parte de los entes reguladores respectivos.

En el caso del gas, la funcionaria describió que “las opciones van desde que el Estado asuma la totalidad de ese costo fiscal que representa el incremento del precio del gas; que distribuya ese valor en todos los usuarios de igual manera; o que se aplique una segmentación tarifaria real”, explicó Videla.

“De ese modo, agregó que las tarifas irán detrás de los salarios y jubilaciones”.

Los cálculos

La subsecretaria precisó que el costo fiscal total vigente del gas natural afrontado por el Estado nacional para 2021 es de entre $ 110.586 millones y $ 132.963 millones.

Pero requeriría partidas adicionales del Presupuesto -no previstas en la actualidad- que van desde $ 36.736 millones hasta $ 56.087 millones, según el escenario que se tome.

“La alternativa dos es una corrección tarifaria en las facturas finales, de 17 a 23% según las pautas fijadas en el Presupuesto, y de 26 a 35% de acuerdo con las estimaciones del REM”, puntualizó Videla.

La funcionaria recordó que la demanda prioritaria representa 14.254 miles de millones de metros cúbicos (MMm3 día), es decir, un 30% del total del sistema.

El resto es lo que demanda Compañía Administradora del Mercado Eléctrico (Cammesa) para transformar el gas en energía eléctrica en las centrales térmicas, un 40%; otro 25% va la industria; y un 5% se destina al GNC.

Videla precisó además que la producción nacional representa el 82% de la oferta total, el gas boliviano 10% y el GNL importado 8%.

Recordó luego que la factura incluye el costo del gas (que representa de 40 a 50%), el transporte, y la distribución, a lo cual se añaden impuestos y tasas (nacionales, provinciales y locales, principalmente Ingresos Brutos e IVA) que suman un 30%.

La subsecretaria sostuvo que “no se requerirían partidas adicionales del Presupuesto” si el Estado nacional reduce su participación y limita su aporte a 37,2 o el 35%, según sea el escenario.

Esto implicaría que los usuarios paguen aumentos del componente de gas de entre 42% y 63%, es decir, $ 8,75 el m3 (en vez de $ 6,17), y $ 10,15 el m3 (en resto del país), en vez, de $ 6,22.
 

Las facturas

En la situación actual la factura promedio de marzo, para un usuario R31, sin impuestos, es de $ 702 en la distribuidora A y pasaría en julio a $ 2.160; pero de cumplirse la pauta presupuestaria, saltaría en julio a $ 2.653.

Para la distribuidora B, en ese mes del invierno el aumento del gas llevaría la factura, respectivamente, a $2.396 o a $ 2.956.

De acuerdo con las proyecciones del REM, en tanto, la suba de marzo a julio, con el marco actual, sería $ 2.169 a $ 2.921, pero con menos aporte del Estado, según la pauta presupuestaria, pasaría de $ 2.407 a $ 3.261.

Los incrementos podrían ubicarse entonces entre 17 y 23% si se cumple lo establecido en el Presupuesto, o de 26 a 35% en caso de que se verifiquen las proyecciones del REM.

“En los próximos diez días hábiles se emitirá informe final del proceso de audiencia pública sobre la tarifa de transición, y en 30 días hábiles, desde el Ejecutivo nacional se emitirá una resolución que informará qué haremos con esta porción del precio del gas para la demanda prioritaria”, concluyó Videla.