El siguiente es el documento de la Coordinadora de Trabajo Carcelario sobre lo ocurrido en la provincia durante 2010:

Resulta alarmante la cantidad de muertos, por distintas causas, en ámbitos de encierro, sin que a pesar de las distintas denuncias efectuadas, se haya fijado una política de salud seria y eficiente. Por otra parte a pesar de los discursos oficiales de los funcionarios políticos a cargo de los lugares de privación de libertad llámense cárceles, comisarías y alcaidías, No se ha trabajado seriamente para bajar los niveles de violencia. Incluso las mesas de dialogo implementadas en el 2004, con un gran esfuerzo de los propios internos, que en su momento la impulsaron junto a la CTC, hoy han dejado de tener la eficacia que tuvieron para resolver conflictos y problemáticas ya que se convierten en una serie de demandas y denuncias por parte de los internos, sin que sean, como lo fueron, un espacio de resolución de los problemas planteados.


Estas cifras no están completas porque la información oficial no llega o llega tarde, los casos enumerados fueron chequeados por la CTC, por la investigación que realizó Ciudad Interna, por los datos aportados por familiares, por la colaboración de otros internos y algunos datos aportados por el servicio penitenciario, policía de la provincia y medios de comunicación.

No contamos con estadísticas de los casos de heridos por armas cortopunzantes.


Las cifras hablan por sí mismas, en los lugares de encierro de la provincia se producen claras violaciones a los derechos humanos, el derecho a la salud, a la vida, a la educación. No debemos olvidar que las personas privadas de la libertad están bajo la tutela del Estado. Y hay, en esta sistemática conculcación de los derechos básicos y elementales del ser humano, responsabilidades de los funcionarios políticos y del poder judicial que no controla el cumplimiento de la ley en los lugares de encierro. Por acción u omisión de los tres poderes del Estado tenemos que lamentar en la provincia muertes e incontables heridos, así como casos de apremios ilegales, torturas: “malos tratos” como eufemísticamente le llaman los funcionarios políticos.

A mas de tres años de gestión del gobierno ni siquiera concretaron una comisión de monitoreo sobre los lugares de encierro, no se conformó ningún dispositivo de salud para los presos en comisarías y alcaidias, el servicio médico dentro de las cárceles no puede seguir funcionando de esta manera.

Estas cifras aterradoras de fallecidos infiere que existe una pena de muerte informal. Los innumerables heridos y mutilados que no integran ninguna estadística, nos dicen que el Estado a través de sus instituciones ha incumplido la obligación de PREVENIR que debe estar por encima de las instancias de investigación y sanción, que tampoco funcionan con eficacia. Pero siempre se actúa sobre los efectos y nunca sobre las causas. Y éstas son las consecuencias que más tarde o mas temprano se vuelven como un bumerang sobre la sociedad en su conjunto.