La ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, presidió la primera reunión plenaria del Consejo de Seguridad Interior, donde consideró que el objetivo es "diseñar políticas de seguridad pública democráticas mediante la construcción de consensos para atender y dar atención con la mayor eficiencia a una de las principales demandas de la sociedad".

Garré arribó cerca de las 11 al salón Gaudí en el cuarto piso del Hotel NH City Tower, ubicado en el centro porteño, acompañada por la viceministra de Seguridad, Cristina Caamaño, para presidir la primera reunión plenaria del Consejo de Seguridad Interior y sostuvo que la tarea de confeccionar una política de seguridad democrática es "una compleja misión".

En la reunión se puso a consideración de los miembros permanentes del Consejo los distintos protocolos de políticas públicas en materia de seguridad, como la propuesta de suscribir un acta acerca de los criterios de actuación en manifestaciones sociales.

Del encuentro participaron funcionarios nacionales y provinciales de los ministerios de Seguridad del país, los jefes de la Policía Federal, de la Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, como así también representantes de la Dirección General de Aduanas y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Asimismo estuvieron presentes el secretario de Justicia de la Nación, Julián Alvarez; el ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal; el jefe de la policía Metropolitana, Eugenio Burzaco; y el secretario de Programación para la Prevención y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), José Ramón Granero.

En tanto, el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Montenegro, no estuvo presente en la reunión.

"Sufrimos las consecuencias de la aplicación de políticas neoliberales que produjeron una muy importante destrucción del aparato productivo con su inevitable secuela de exclusión social", señaló Garré al comenzar su discurso, donde contextualizó la situación en la que se encontraba el país cuando se inició en 2003 el actual proceso político.

En ese marco, recordó la funcionaria nacional, "se registró en el país un aumento del delito y de los niveles de violencia delictiva" y destacó que "no solamente creció la delincuencia común sino también subió la criminalidad, protagonizada por organizaciones delictivas que cuentan con desarrollo logístico y operativo y que producen una altísima rentabilidad
económica".

Para Garré esto conllevó a que se asuma "la responsabilidad de conducir políticamente todo el proceso, incluyendo las fuerzas de seguridad y policiales" porque consideró que "era necesario lograr su modernización, dotarlas de equipamiento adecuado, mejorar su nivel profesional con una buena capacitación y reducir los márgenes de autonomía adquiridos".

La ministra ubicó a la ciudadanía en el centro del proceso de cambio, y aseguró que "resulta imperioso reconocer que el conocimiento y la fiscalización de los vecinos organizados son irremplazables".

La ministra hizo hincapié en la importancia de la "prevención del delito", y sostuvo que es "indispensable mejorar la conectividad entre las fuerzas policiales" y "la planificación estratégica".

Por su parte, Casal, ministro de Seguridad y Justicia de la provincia de Buenos Aires, aseguró en declaraciones a la prensa que esta iniciativa es "importante porque homologa ciertos criterios básicos para algunos temas, fundamentalmente aquellos que están en la agenda pública".

En tanto, Burzaco, jefe de la policía Metropolitana, también en declaraciones al periodismo, se mostró conforme con la decisión del Ministerio de Seguridad de la Nación de establecer protocolos de acción porque "tiene que haber una coordinación desde el Gobierno nacional".