Seis concejales y dos funcionarios municipales de Jujuy fueron imputados por la Justicia Federal luego de que se comprobara que habían cobrado de manera irregular el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en 2020.

El fiscal federal de Jujuy, Federico Zurueta, del área de casos complejos, imputó a un total de ocho funcionarios de distintas localidades de la provincia norteña por la presunta comisión de los delitos de defraudación a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público por el cobro ilegal de la ayuda del Gobierno nacional en un hecho consumado, y a siete en grado de tentativa.

A uno de los acusados se le comprobó que percibió el beneficio en dos ocasiones y se le impuso un embargo de 50 mil pesos.

El caso con las pruebas fue presentado por la Fiscalía ante el Juzgado de Garantías 1, a cargo de Esteban Eduardo Hansen.

"La ejecución del fraude se inició con la solicitud del beneficio en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), a quien le hicieron incurrir en error para obtener un tratamiento que no les correspondía", advirtió el fiscal.

La investigación se inició de oficio el 25 de julio pasado a raíz de la información difundida en varios medios periodísticos locales sobre la posible defraudación.

Está "debidamente acreditado que todos los imputados al momento de los hechos atribuidos revestían la calidad de funcionarios públicos y se encontraban prestando tales funciones", remarcó Zurueta.

Uno de los casos es el del concejal de Caimancito Diego Agustín Mayaregua, quien "solicitó el beneficio el 27 de marzo de 2020 y seleccionó como medio de pago transferencia bancaria".

Mayaregua, según las pruebas, "percibió el beneficio en dos oportunidades, ya que el informe de la entidad bancaria elegida reportó dos operaciones de ANSES (IFE) por un valor de 10 mil pesos cada una", en julio y agosto del 2020.